Internados tres menores por violar a dos chicas de 14 y 15 años en una casa abandonada de Murcia

Las víctimas relatan que las obligaron a subir a sus motos y las retuvieron en una casa abandonada en Murcia, mientras que los presuntos agresores afirman que fue sexo consentido. Tres menores de edad eran detenidos y comparecían este viernes en la Fiscalía de Menores de Murcia, acusados de haber violado a dos chicas, de 14 y 15 años, informan fuentes policiales y judiciales. De las dependencias de la Fiscalía, los tres adolescentes, de 14, 15 y 17 años y uno de ellos con antecedentes por un delito de robo con violencia, eran trasladados a centros de menores, donde permanecerán en régimen de internamiento cerrado, la cautelar más estricta adoptada por el titular del Juzgado de Menores Nº1 de Murcia.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar este jueves por la tarde en Espinardo, en concreto en una casa en ruinas emplazada en una zona de huerta cercana a la urbanización Joven Futura. Ahí habría tenido lugar la agresión a las víctimas por parte de estos varones. Ellos, supuestamente, las obligaron a subir a sus motos y las atacaron en esta construcción, abandonada junto a un picadero de caballos.

Los tres varones, según contaron luego las víctimas a su familia y a la Policía, las agredieron sexualmente. Aunque las chicas se negaron a tener relaciones con ellos, las forzaron. Las menores finalmente pudieron zafarse y salir del lugar. Cuando llegaron a sus domicilios, relataron a sus familias lo que les había pasado. Fueron allegados de las víctimas quienes llamaron al 091.

Similitudes con el ataque grupal de Burjassot

Desde la apariencia de la casa donde se cometieron los hechos a las víctimas, en ambos casos dos chicas menores de edad. Lo ocurrido el jueves en Espinardo guarda similitudes con el ataque grupal denunciado a mediados de mayo en Burjassot, localidad de la vecina Comunidad Valenciana.

La rueda de reconocimiento de los implicados tendrá lugar el 7 de julio. La abogada de una de las niñas pide se excluya a tres de los seis detenidos que actualmente están en libertad vigilada y que se incluya a otros tres que no fueron detenidos y cuya posible participación no consta por ahora en la causa.

Del caso se hizo cargo el Grupo de Menores de la Policía Nacional de Murcia, cuyos investigadores se movilizaron a Espinardo, a tomar declaración a las chicas en sus casas, y, de ahí, a la casa en ruinas donde ellas indicaron que fueron atacadas. Los agentes procedieron en apenas unas horas al arresto de tres sospechosos.

Tensión en los juzgados

Este viernes por la mañana, el fiscal de Menores, José Antonio Ródenas, interrogó a los tres adolescentes en dependencias de la Ciudad de la Justicia, donde se vivieron escenas de tensión protagonizadas por allegados de los sospechosos. Estas personas llegaron a proferir insultos, dirigidos incluso a las niñas agredidas. Algunos de estos ciudadanos fueron expulsados de los juzgados, debido a su actitud violenta.

Construcción en la que se produjeron los hechos, fotografiada el jueves, horas después de la denuncia. R.D.C.

La defensa de los menores la llevó el abogado José María Caballero, mientras que la de las niñas la asumió el letrado Fermín Guerrero.

Uno de los agresores es vecino de Molina de Segura, mientras que los otros dos lo son de la población murciana de Espinardo, donde se cometieron los hechos que se investiga. En su declaración, según ha podido saber La Opinión, los tres aseguraron que el contacto sexual con las chicas fue consentido.

Los sospechosos, dos de los cuales son primos carnales, alegaron en su comparecencia que sí conocían a las chicas y aseguran que en ningún caso las obligaron a subir a sus motos, sino que fueron ellas las que les propusieron quedar en la Plaza de las Monjas. Afirman que el contacto sexual que mantuvieron en la vivienda abandonada fue consensuado por todas las partes, indica a este periódico José María Caballero. Los jóvenes aseguran que pueden demostrar este extremo, algo que se esclarecerá en la investigación del caso, aún en marcha.

En cuanto a las chicas, aún no han sido llamadas a declarar: será el juez quien las citará en los próximos días. Tras lo sucedido, las dos amigas fueron trasladadas a un hospital, donde fueron atendidas de sus lesiones, las cuales, afortunadamente, no fueron de gravedad. Los partes médicos aportados son también, para el juez, un indicio de que se produjo la agresión sexual denunciada. Fuentes cercanas apuntaron que las menores se encuentran destrozadas emocionalmente tras lo acontecido.

"Proteger a la sociedad"

Ródenas solicitó internamiento en régimen cerrado para los tres. Acogiendo la petición del fiscal, el juez de menores decretó el internamiento en centro cerrado y subrayó que “la medida está completamente legitimada” pues nos encontramos ante un supuesto de hechos muy graves por afectar a la libertad sexual de dos menores, agravado por el uso de “la amenaza primero y la violencia después para vencer la resistencia de las víctimas” y, “si aún cabe” de gravedad “mayor por el uso de la intimidación a través del grupo”, indica el TSJ en un comunicado.

Dos de los adolescentes fueron llevados a La Zarza y el tercero (el que tiene antecedentes por un robo con fuerza) a Las Moreras. En estos centros estarán sometidos, en principio, una vigilancia especial, aunque se prevé que se integren en el funcionamiento normal del lugar, recibirán atención psicológica y, debido a la gravedad de los delitos de los cuales están acusados a su corta edad, también psiquiátrica.

Están investigados por los delitos de agresión sexual, detención ilegal, lesiones y amenazas.

Según detallaron fuentes judiciales, los tres son "menores con escaso aprovechamiento escolar, nula estructuración del tiempo libre y poco respeto por la autoridad".

"Por lo que acuerda que se adopte, en los tres casos, una medida cautelar de internamiento cerrado con el objetivo de “proteger a la sociedad en general y a las víctimas en particular, salvaguardar el orden público, poner coto a este tipo de delitos que crean gran alarma social entre las jóvenes, tener plena y permanentemente localizado al menor además de la necesaria intervención y protección sobre el mismo”. Además, se trata de “evitar la reincidencia y que se puede atentar contra las denunciantes”, no siendo posible establecer otras medidas ante la gravedad de los hechos y la medida judicial que eventualmente se puede imponer en sentencia", concretan desde el TSJ.