17 de noviembre de 2015
17.11.2015
Alojamiento

Exceltur y los hoteleros piden una ley conjunta y estatal para la oferta alegal

Las viviendas vacacionales no regladas, en plena ebullición, casi triplican ya el número de camas legales

17.11.2015 | 00:08
De izqd. a dcha.: Zoreda, Francisco de la Torre, Escribano, Elías Bendodo y Perelli, ayer, en la presentación del informe.

La consultora y la patronal demandan una dimensión «global» para la norma que evite la división en legislaciones distintas y por comunidad.

­Se ha pasado del malestar interno a la inquietud manifiesta y pública. Hasta el punto de que, al menos en el entorno de los hoteles, se habla ya de un problema mayúsculo. Sin duda, el más controvertido en un sector que no acostumbra a suscitar polémica. Ni siquiera bajo el influjo en seco de la crisis. Mientras se resuelve la regulación de la vivienda turística, fuera todavía de la ley en comunidades como Andalucía, los empresarios y analistas tratan de conocer a fondo un fenómeno que hace apenas una década se percibía secundario, pero que ahora se presenta como uno de los mayores frentes de los últimos años en la industria.

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) presentó ayer en su trabajo sobre este tipo de alojamientos un dato revelador: el número de plazas de la llamada oferta alegal (28.763) casi triplica la estadística de camas oficiosa en puntos como Málaga, quizá el lugar donde más se nota la descompensación. Y la evolución, lejos de detenerse, refleja el ánimo de seguir ganando terreno para desesperación de los hoteleros, que ven en estas viviendas un tipo de competencia ventajista, nutrida al amparo del vacío legal y la ausencia de compromisos fiscales específicos.

El vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, coincide con la patronal de la Costa del Sol, Aehcos, en demandar la regulación. Y, además, «con una visión de Estado». A pesar de que las competencias recaen en las comunidades autónomas –Andalucía continúa dándole forma al borrador– el consultor insiste en proporcionar un marco nacional e, incluso, europeo a la superación del conflicto. Un extremo, este último, al que también se suma el responsable de la patronal, José Carlos Escribano, que pide la intervención del Gobierno para configurar un texto que evite la tradicional asimetría y el surgimiento de «17 normas distintas», una por región.

Acompañado por su compañero Óscar Perelli, director último del estudio, Zoreda acudió al encuentro monográfico, celebrado en el hotel Vincci, con la lección aprendida, dispuesto a arramblar con «la poesía» y «el buenismo» con que se ha venido observando la irrupción de la vivienda vacacional en el mercado turístico. Para empezar, aclaró que la actividad no tiene nada que ver con lo que se conoce como economía colaborativa. Sólo el 7% de las viviendas que se anuncian en las plataformas digitales –la verdadera catapulta del sector– se centran en el intercambio libre y sin contraprestación. El resto, añade, constituye «un gran negocio», infectado, además, por los peores tics que a menudo adornan el desbarre de la fiesta capitalista: tendencia al oligopolio y una manera de funcionar que, en su opinión, persigue su beneficio a partir de las dudas y los resquicios en blanco de la legislación.

De acuerdo con el estudio de Exceltur, la vivienda vacacional no representa una oferta complementaria, sino invasiva y sustitutoria, sin capacidad real para atraer a un turismo nuevo y diferenciado del que suele verse por los hoteles y apartamentos. El informe señala que la mayoría de los viajeros que se decantan por esta fórmula de apartamento lo hacen motivados principalmente por el precio, que se fija de media en 20,7 euros, aproximadamente la mitad del que rutila en el hospedaje tradicional. Zoreda asegura asimismo que existe mucho falso «mito» en torno al sector. Especialmente, en su aportación a la economía.

De las 120.000 encuestas que integran el informe se desprende que el gasto en destino es más de un 80% inferior al del cliente de los hoteles. El trabajo también apunta a una menor generación de puestos de trabajo. En los establecimientos reglados se calcula una proporción de 18 empleos por cada 100 plazas, mientras que en el de la vivienda vacacional la cifra desciende a los 2,2 de media. Para Zoreda, la oferta alegal, que detrae anualmente alrededor de 432 millones al Estado, presume actualmente un ejercicio «especulativo» que amenaza la calidad de los destinos y multiplica los ingresos de los propietarios, que, en lugares como Barcelona, obtienen hasta un 123 por ciento más por el arrendamiento que con la cesión por media o larga temporada.

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