29 de junio de 2018
29.06.2018
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Los empresarios y sindicatos rechazan el impuesto turístico municipal para Málaga

Los hosteleros aseguran que este tributo afectaría a la competitividad del sector y frenaría la consolidación de la capital como destino - Las representantes sindicales consideran que la competencia es autonómica y piden un marco común

29.06.2018 | 05:00
Un grupo de turistas pasea por las calles del Centro.

Málaga capital y los municipios de la Costa del Sol afrontan esta nueva temporada alta sin abandonar la senda del crecimiento. El consejero de Turismo, Javier Fernández, desveló este miércoles, en Málaga, unas previsiones que apuntan a un 3,5% de incremento en las estancias hoteleras para este verano. Con la llegada masiva de turistas se repite el mismo punto de partida para los principales municipios turísticos. Duplican, triplican y hasta cuadriplican su población. Los transportes públicos se colapsan. Hay más personas consumiendo agua y depositando basura, y los agentes de la Policía Local disponibles se quedan cortos. Para hacer frente a esta cara invisible del turismo, Fernández dio su respaldo a avanzar en la implantación de un impuesto municipal al turismo. Una herramienta, a utilizar con autonomía y según las necesidades de cada ayuntamiento, previa reforma de la Ley estatal de Haciendas Locales, y que dotaría a los ayuntamientos de una financiación añadida. Una posibilidad que rechazan, sin embargo, tanto los empresarios malagueños del sector turístico como los propios sindicatos. Los primeros, por considerar que este impuesto frenaría la llegada de turistas. Los segundos, al estimar que, de implantarse, el tributo turístico debería ser de carácter autonómico.

El debate sobre este impuesto municipal para el turismo no es nuevo, pero adquiere un significado especial en un año en el que Málaga rebasará la marca histórica de los 30 millones de turistas. Y con ello, la llegada de unos sobrecostes a menudo invisibles y que los ayuntamientos asumen casi siempre a pulmón.

En este contexto, surge la reivindicación de una tasa municipal con visos de toparse contra la falta de consenso manifiesto que hay al respecto. Una condición, sin embargo, que el propio consejero calificó de imprescindible para implantar este tipo de impuesto. Los empresarios del sector turísticos, tanto hoteleros como hosteleros, descartan fijar cualquier tipo de canon que repercuta en el propio turista. El presidente de Mahos, Javier Frutos, precisa que el impuesto municipal al turismo no se ha tratado aún en la junta directiva, pero que su opinión al respecto estaría en sintonía con la del resto de asociados: «Yo entiendo que un impuesto de este tipo, a día de hoy, no es algo positivo para el turismo. Es más, puede tener un efecto contraproducente. Soportar esa carga añadida puede echar atrás a muchos turistas que estén interesados en venir a Málaga y, al darse cuenta de que hay una tasa municipal, opten por otros destinos».

Aunque este impuesto se aplique de manera finalista, Frutos no cree que el posible beneficio compense el impacto que pueda tener en el comportamiento del turista a la hora de elegir su destino de vacaciones. «Yo puedo entender la explicación que se da, que se trata de un impuesto que luego repercute en el propio turismo», señala Frutos, sin embargo, la dificultad de trasladar este objetivo al que viene de fuera. «¿Cómo le explicas tú eso al turista?», se pregunta el máximo responsable de la patronal hostelera.



La oposición de los sindicatos, en este caso, viene por la manera en la que se está dibujando este impuesto. De entrada, no se oponen de manera taxativa a gravar la actividad turística, aunque rechazan que sea cada ayuntamiento de manera individual el que decida si impone una tasa o no. El coordinador federal de Turismo en CCOO, Gonzalo Fuentes, insiste en que «la regularización del turismo es una competencia exclusivamente autonómica». «La Junta no se puede lavar las manos y trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos. Si cree que hay que crear un impuesto para el turismo, tiene que ser con un único marco para todos», explica. Además, González advierte del peligro de que los ayuntamientos empiecen a competir entre sí: «Esa situación se puede dar perfectamente, en cuanto unos empiecen a aplicar una tasa o impuesto y otros no lo hagan».

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