04 de abril de 2012
04.04.2012

El fundador de Megaupload pide los bienes confiscados

El pasado 19 de marzo la juez declaró nula la orden de confiscación por la causa contra la red Megaupload

04.04.2012 | 14:09
La mansión de Dotcom en Auckalnd.

La defensa del fundador de Megaupload, Kim Schimtz o Dotcom, pidió este miércoles al Alto Tribunal de Nueva Zelanda la devolución de los bienes confiscados a su cliente, requerido por Estados Unidos por un supuesto delito de piratería informática.

La juez Judith Potter anunció que a finales de abril emitirá una decisión por escrito sobre la demanda presentada por los abogados, que piden que se devuelva los coches, las propiedades y el dinero confiscado a Dotcom en enero.

El pasado 19 de marzo la misma juez declaró "nula" la orden de confiscación al considerar que había sido emitida de forma "prematura" e "incorrecta" y, desde entonces, está vigente una orden interina.

Durante la vista de este miércoles representantes legales de Estados Unidos persiguieron una orden permanente.

La defensa, en cambio, alegó que el trámite no fue autorizado por el Fiscal General, la instancia adecuada según las leyes neozelandesas, y que, en consecuencia, la orden no debió ser emitida.

El fundador de Megaupload se encuentra en libertad condicional a la espera que empiece en agosto su proceso de extradición a Estados Unidos.

Dotcom y otros tres directivos de Megaupload fueron detenidos el 20 de enero en Auckland como parte de un operativo internacional contra la piratería informática emprendido por Estados Unidos, que también implicó el cierre del portal, la confiscación de sus bienes y detenciones en Europa.

Estados Unidos quiere juzgar a siete ejecutivos de Megaupload, entre ellos a Dotcom y los tres directivos detenidos en Nueva Zelanda, de diversos delitos por piratería informática, crimen organizado y blanqueo de dinero.

Las autoridades de Washington acusan al portal de descargas de daños a la propiedad intelectual superiores a 500 millones de dólares (379 millones de euros) y de haber conseguido de manera ilícita ingresos de más de 175 millones de dólares (133 millones de euros).

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