La UE investiga a X por usar datos personales de los europeos para entrenar su IA

La Unión Europea vuelve a investigar a X por una posible violación de la privacidad de los ciudadanos. La Comisión de Protección de Datos (CPD) de Irlanda, el principal regulador del club comunitario, ha anunciado este viernes la apertura de una pesquisa contra la red social propiedad del magnate Elon Musk por el potencial uso ilegal de datos de los europeos para entrenar Grok, su sistema de inteligencia artificial.

En un comunicado, el organismo ha señalado que examinará "el tratamiento de datos personales incluidos en publicaciones de acceso público" en la plataforma, que pueden haber sido usados sin consentimiento para 'alimentar' el modelo de IA generativa con el que el hombre más rico del mundo pretende competir con ChatGPT. Sin el procesamiento masivo de datos, Grok sería incapaz de responder a las preguntas de los usuarios con un tono conversacional o de generar todo tipo de imágenes.

El regulador irlandés estudiará si X ha cometido una violación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, que da poder a los ciudadanos para determinar cómo se usan sus datos personales. Si dictamina que ha existido una práctica ilegal podrá imponer multas de hasta el 4% de los ingresos globales de la empresa de Musk, tratándose así de un volumen millonario.

La apertura de esta investigación se produce después que el año pasado X activase, sin consentimiento ni aviso previo de los usuarios, la cesión de sus datos personales para entrenar Grok. El regulador irlandés solicitó una orden para restringir ese uso y la red social aceptó dejar de hacerlo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado la regulación digital europea, describiendo las multas impuestas contra las prácticas abusivas de los gigantes tecnológicos estadounidenses como una imposición "injusta". En 2020, X, entonces Twitter, fue la primera en ser multada, con una sanción de 450.000 euros. Musk, el gran aliado trumpista, también lo ha hecho y mantiene desde hace años una pugna con Bruselas en la que ha ignorado otros requerimientos legales como los establecidos por la ley que obliga a frenar la desinformación en Internet.