El exasesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca no tiene miedo escénico. En sus intervenciones, pisa fuerte, habla de forma contundente y, en ciertos lances verbales, revela un amor casi obsesivo por los detalles que ahora le permite desgranar una defensa solvente en el juicio del «caso Malaya», pero que antes, quizás a lo largo de la instrucción, le dio algún que otro dolor de cabeza, como cuando se encontraron las agendas con las iniciales de quienes lo sobornaron y de aquellos a los que él supuestamente untó. Ayer, en la decimosexta sesión del plenario, se presentó como un simple tornillo de una maquinaria, el Ayuntamiento, mucho más amplia y bien engrasada. Él era un simple mandado: la eminencia gris la encarnaba el alcalde Jesús Gil y Gil.

Y eso explica lo que muchos analistas piensan del papel que el exregidor Julián Muñoz ha jugado en toda esta historia: que era un simple mandado que le prestó la firma a quienes disponían. Así, dijo que el exalcalde se limitó a firmar el convenio urbanístico de la operación «Crucero Banús», el acuerdo que permitió que la edificabilidad de la parcela pasara desde los 500 hasta los 11.000 metros cuadrados, incrementando exponencialmente las ganancias de quienes compraron el terreno en 2001 por cuatro millones y se deshicieron de él, un año después, por diez millones de euros.

Gil «no firmaba nada»

Así, Muñoz sólo fue a firmar el acuerdo urbanístico, porque Jesús Gil «no firmaba nada». Un dato importante: ayer apareció un convenio anterior que había rubricado también Muñoz y que favorece a las tesis defensivas, dado que su inspirador es el anterior propietario, Yassin Dogmoch, que negoció con Gil, y los aprovechamientos urbanísticos que debía recibir el Consistorio son mucho menores a los que ingresó después.

Ese primer convenio, de 1996, establecía el pago de 60 millones de pesetas por parte de los promotores; en el segundo, el que propicia el ex teniente de alcalde Pedro Román, se establece el abono de 240 millones de pesetas, lo que ha usado Roca para presentarse como defensor de las esencias municipales. Es Jesús Gil, por tanto, el que inspiró ambos acuerdos. Por cierto, el segundo convenio ha sido entregado estos días por el Ayuntamiento, de cuya existencia dudaba el mismísimo abogado municipal, Alberto Peláez.

Roca también señaló que nunca ha sido funcionario ni empleado del Consistorio, sino «el gerente de Planeamiento 2000». «El modelo de ciudad respondía a una voluntad política y lo decidían los políticos en la revisión del PGOU; yo era un simple técnico, eran los políticos quienes daban las licencias», señaló, para indicar después que los convenios se hacían en su departamento, pero jamás la Junta de Andalucía impugnó ninguno.

También se hizo un careo entre dos antiguos socios de Roca en el pelotazo: Pedro Román y Juan Hoffmann, todo ello a cuenta de si el exasesor concretó su aportación inicial en cuatro cheques y 50.000 euros en metálico –como defiende– o fueron sólo tres talones los aportados. Ambos coincidieron en que entregó la cantidad que le correspondía, «hasta la última peseta», pero no se acordaban de los detalles.

«Ha quedado acreditado que mi participación la he pagado con fondos que no tienen ninguna duda, porque precisamente fuimos los imputados los que solicitamos al juzgado que se averiguara el origen de los fondos», apuntó.

Una vez más, la defensa de Juan Hoffmann, ejercida por José Manuel Vázquez, trató de demostrar que Roca no tenía antecedentes penales cuando se hace el convenio, en octubre de 2001; el Jefe volvió a incidir en que se están archivando las diligencias por delitos contra la ordenación del territorio que existían contra él, precisamente porque, como repitió de nuevo, no era su cometido dar permisos de obra.

Hizo hincapié, además, en que a Pedro Román, por indicación del regidor, se le endurecieron las condiciones: debía pagar 240 millones de pesetas a las arcas municipales.

Conocimiento del sumario

En numerosas ocasiones, Roca, que tenía una libreta totalmente llena de anotaciones manuscritas, corrigió a los letrados de la acusación, especialmente al del Ayuntamiento, a quien llegó a decirle: «Letrado, se lo voy a explicar por cuarta vez...», indicándole continuamente: «No se preocupe, yo se lo explico».

Asimismo, Roca reconoció que entre los años 1992 y 2006 tuvo otra actividad distinta a la que desempeñaba en las entidades municipales: «Llevaba mis sociedades personales», pero, agregó, no existían incompatibilidades.

El tasador José Mora, imputado por el Consistorio, reconoció, a preguntas del abogado de Hoffmann, que ya él era concejal de Urbanismo por el PSOE en 1986 y que ese PGOU no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hasta 2000. «A mí me contrataron después por mi trayectoria, sin ser del Gil. Si yo hubiera visto algo lo habría denunciado», apuntó. Hoy responderá a su defensa.