Los padres del CEIP Los Prados, en la capital, han perdido la paciencia. Y sin duda han superado a la del Santo Job, ya que llevan 15 años denunciando los problemas de cimentación del colegio donde estudian sus hijos, construido en los primeros años de la década de los 80 sobre terreno arcilloso, lo que provoca la constante aparición de grietas, desniveles en el suelo o incluso el desprendimiento del forjado de las columnas. Los padres claman por una solución y llevan a clase a sus hijos con miedo, mientras que en la Junta y el Ayuntamiento se repite la historia y discuten sobre a qué administración le corresponde el arreglo de estos desperfectos.

La Delegación Provincial de Educación sostiene que se trata de un caso paradigmático de «dejadez municipal». Recuerda que los colegios de Primaria son propiedad de los municipios y a ellos corresponde su conservación, mantenimiento, limpieza, vigilancia y seguridad. Fuentes de la Junta sostienen que en ningún caso se pueden considerar daños estructurales. «Son problemas perfectamente conocidos por el Ayuntamiento sin que haya tomado la más mínima medida al respecto», indicaron las fuentes.

La nueva delegada de Educación, Patricia Alba, pretende mantener una reunión con los padres lo antes posible. Las familias han amenazado con una concentración a las puertas del centro el próximo miércoles, con la que quieren poner de manifiesto su descontento. El presidente del AMPA, Javier González, explicó que el Ayuntamiento, a través del área de Educación y de la junta municipal de distrito de La Cruz del Humilladero, ha llevado a cabo obras que no han dejado de ser «meros parches». «Conforme arreglaba una cosa, se rompía otra. Sin ser técnicos, pensamos que hay que llevar a cabo otras actuaciones de mayor calado, micropivotar, meter hormigón... Lo que no puede ser es que sigan cayendo cascotes del techo o que en las clases haya goteras», señaló.

El Ayuntamiento, por su parte, lo tiene claro: la culpa es de la Junta. Y así, entre unos y otros, el colegio sigue sin arreglar. El delegado de Educación del Consistorio, Miguel Briones, pidió mayor honestidad a la Delegación Provincial. «El colegio tiene problemas estructurales y cometeríamos injerencia de competencias». Según Briones, su arreglo corresponde al ISE (Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, de la Junta), «apuntalándolo en condiciones o tirándolo y construyendo otro nuevo, para lo cual el Ayuntamiento ya ha ofrecido otra parcela», indicó.

«Nosotros podemos pintar, reponer hormigón, arreglar los cuartos de baño... pero le corresponde a la Junta acometer una obra estructural», sostiene Briones, quien asegura que el Ayuntamiento ha realizado muchas visitas al centro e informó de que el pasado mes de noviembre remitió al entonces delegado de Educación, Antonio Escámez, un completo informe en el que incluía fotografías del estado del centro y le instaba a que asumiera su responsabilidad en el arreglo o construyera otro colegio. «Y recibimos la callada por respuesta», sentenció.

Los padres, que tienen el apoyo de la dirección del colegio, asisten perplejos a este debate mientras las juntas de dilatación siguen aumentando (más de 20 centímetros en algunos casos), se rompen barandillas o se desprenden cornisas.