La lucha contra el crimen organizado se estanca en los principales municipios de Málaga. Así lo refleja el balance de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol entre los meses de enero y noviembre del año pasado, cuyos datos prácticamente igualan el número de detenidos durante todo 2011 y retrocede significativamente en cuanto al volumen total de estupefacientes intervenidos.
Concretamente, y a la espera de los resultados del pasado mes de diciembre, los agentes de este grupo de élite del Cuerpo Nacional de Policía sumaron durante los primeros once meses del año 272 detenidos, uno menos que el año anterior, aunque vuelve la tendencia de que haya más arrestados extranjeros (140) que españoles (132), según los datos de la Comisaría Provincial de Málaga facilitados por la Subdelegación del Gobierno. La cifra es similar pero inferior a la del año 2010, que sumó 284 detenciones, pero muy lejana a las 407 detenciones realizadas por el mismo grupo de 2009 y a los 303 de 2008.
Sin embargo, y si el trabajo de los agentes durante el último mes del año pasado no arroja datos excepcionales, el descenso más sensible se detecta en las intervenciones de hachís, puesto que las balanzas de la Udyco pesaron casi un 45% menos de esta sustancia, el estupefaciente referencia en la provincia de Málaga por su proximidad a Marruecos. Tanto es así que se ha pasado de los 4.867 kilogramos de 2011 a los 2.688 del año pasado. Ambas cifras quedan totalmente ridiculizadas por las 28 toneladas de hachís intervenidas por el grupo durante el año 2010, los 12.475 kilos de 2009 o los 26.200 de 2008.
Por su parte, el dato menos negativo en la intervención de drogas se aprecia en los 22,5 kilogramos de cocaína incautados, tres más que en 2011, pero también muy lejos de los 1.305 kilos de hace dos años, los 812 de hace tres o los 237 de 2008. En este sentido, es curioso que, sólamente en la capital malagueña, los grupos de Pequeño Tráfico intervinieron en el mismo periodo un total de ocho kilogramos de la valiosa sustancia blanca.
La heroína y el éxtasis desaparecen directamente del balance en favor de 71 kilos de marihuana, 6.500 plantas de cannabis sativa y 110.000 comprimidos y cuya composición no se especifica. Durante todas las operaciones de la Udyco, los agentes también intervinieron un total de cinco armas de fuego reales y otras siete simuladas.
Los discretos resultados de Udyco Costa del Sol se producen pese al impulso que la Dirección General de la Policía (DGP) anunció el pasado verano para este grupo de élite, que se reparte por diferentes puntos del país de acuerdo con las exigencias operativas que demanda la actual delincuencia. Hace unos meses, la DGP anunció la reestructuración de los Grupos de Respuesta Especial Contra el Crimen Organizado, los denominados GRECO, para incrementar la eficacia policial en la lucha contra el crimen organizado en todas las demarcaciones de la Policía Nacional, entre ellas la Costa del Sol. Para ello se anunció la supresión del GRECO de Canarias y el GRECO de Baleares y la reestructuración de los existentes en la Costa del Sol, Galicia, Levante y Andalucía. Estas medidas, según comunicó en julio el Ministerio del Interior, iban a suponer un ahorro superior al 50%, es decir, algo más de 1.092.000 euros al año, «adaptándose a las exigencias de eficiencia marcadas por la Dirección General de la Policía en un marco de austeridad».
De la misma manera, el anuncio indicaba que los agentes del GRECO que resultaran afectados por esta reestructuración parcial se incorporarían a las brigadas de la Udyco Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, o podrían quedar adscritos a las unidades de Policía Judicial de las respectivas demarcaciones donde se encontraban desplegados. Con esta medida, dijeron, se afrontarían las nuevas necesidades operativas y se impulsará a las Udyco territoriales para reforzar la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico o el blanqueo de capitales. «Además de buscar una respuesta integral a las actividades criminales mayoritariamente interconectadas, tanto a nivel nacional como transnacional», añadieron. La iniciativa respondía no sólo a una necesidad operativa sino que también significaría «redimensionar» las unidades operativas territoriales de investigación para que puedan resultar autosuficientes y asumir las tareas y funciones de Policía Judicial, «cualquiera que sea la realidad delictiva de los territorios y con independencia del apoyo y colaboración que puedan recibir de las unidades centrales.
