No hubo acuerdo y al final habrá querella contra el obispo. Los padres del menor con disforia de género que estaba escolarizado en el colegio San Patricio, de la capital, han decidido llevar a Jesús Catalá a los tribunales toda vez que el acto de conciliación celebrado ayer entre las partes concluyera sin avenencia. La familia de este niño, que se siente niña y que dejó de estudiar en este centro de la Fundación Diocesana de Enseñanza al considerar que no era tratado como correspondía a su identidad, presenta esta querella tras una supuestas declaraciones realizadas por el prelado en un desayuno informativo el pasado mes de enero.
El acto de conciliación celebrado ayer en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Málaga solicitado por la representación legal de la madre del menor transexual, a raíz de estas palabras del obispo, terminó sin el acuerdo necesario para evitar la querella, por lo que el letrado de la familia, Oliver Roales, anunció que ése será el próximo paso.
En la demanda de conciliación presentada en su día se pedía que Catalá reconociera que sus declaraciones atentaban «contra el honor de mi representada», al ser «ofensivas a su dignidad, imagen pública y buen nombre como madre de la menor». Por este motivo, le instaban a que se retractase.
Según explicó Roales, la representación del obispo «ha venido a manifestar que no hizo tales declaraciones, sin embargo no ha querido pronunciarse sobre si esas manifestaciones las suscribe o no». «Se dice por una parte que se le ha malinterpretado y por otra no llega a desautorizar esas declaraciones, con lo cual lo que se pretende en realidad es volver a reproducir lo que ha sido objeto de ese procedimiento y del daño», dijo el abogado de la familia del menor.
El letrado insistió en que a partir de que en el acto de conciliación, al que no asistió el obispo, no se llegó a acuerdo ,«hay vía libre para interponer la querella» por delito de injurias y calumnias con publicidad «y lo vamos a hacer».
«Hemos sido muy flexibles en cuanto a la redacción y los posibles términos de esa nota por parte del obispo, pero por lo que no pasábamos era en que quedara duda o ambigüedad acerca de si el obispo suscribía o no esas declaraciones y él en ningún momento ha querido pronunciarse a ese respecto», indicó Roales, insistiendo en que «estamos en un lugar y en un momento en el que ya sí que tiene que pronunciarse porque el daño ya se ha producido».
En la demanda de conciliación se pedía que reconociera que el obispo dijo que desde la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, del Obispado y de quien depende el colegio en el que entonces estaba el escolar, «defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad en contra del abuso de la Junta y de su madre». Asimismo, se señalaba que el obispo también afirmó que «hay informes que insisten en que no se debe intervenir o dirigir la sexualidad del menor», así como que «forzada por la madre, la Administración andaluza obliga a un tratamiento que puede perjudicar al menor».
Así, se instaba a que «reconozca expresamente que es incierto que mi representada haya realizado conducta alguna de abuso sobre la niña o que la haya sometido a tratamiento dañino de cualquier tipo, no la respete en su identidad sexual o haya realizado conducta alguna de manipulación sobre su sexualidad» y, por tanto, que admita que las declaraciones «atentan contra el honor de mi representada».
Este periódico se puso ayer en contacto con fuentes del Obispado de Málaga, que lo único que confirmaron es que el acto de conciliación había concluido sin avenencia, sin querer hacer más declaraciones al respecto.
