Administración

Los secretarios de la Administración Local proponen agrupar municipios

Exigen al Gobierno que se elimine la libre designación en grandes ciudades y se acceda a la plaza por concurso

28.11.2015 | 12:41
De izquierda a derecha, José de Vicente, Antonio Martín y Marta Rodríguez.

¿Qué hacer si la policía va a tu ayuntamiento?

  • Los letrados de Gentius Antonio Martín Lomeña y Marta Rodríguez Vives dieron una ponencia sobre cómo deben actuar los secretarios de ayuntamientos si la Policía Nacional o la Guardia Civil acuden al Consistorio con una orden de entrada y registro por un caso de corrupción. En primer lugar, lo que se aconseja es que el policía local de la puerta, al llegar la comisión judicial, esté instruido y llame directamente al secretario. Asimismo, este debe pedir al letrado de la Administración de Justicia –antiguo secretario judicial– que se identifique y que muestre el auto motivado del juez, en el que se deben especificar las estancias concretas y la documentación y ordenadores a intervenir. El secretario ha de estar presente en todas las diligencias y debe velar por que se incluyan en el acta detalladamente todos los elementos incautados, así como estar presente cuando se vuelque la información a diversos soportes.

­El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Málaga celebró ayer en la antigua sede de la Diputación Provincial su asamblea anual, en la que se dio cuenta, entre otros puntos, de la propuesta del colectivo de agrupar ayuntamientos de municipios pequeños con el fin de que los mismos compartan un único secretario, un interventor y un tesorero con el fin de ahorrar costes y no sobrecargar de trabajo a los profesionales, que es lo que ocurre ahora.

El presidente de estos profesionales en Málaga es José de Vicente, quien explica que la última reforma obliga a que los tesoreros, incluidos los de consistorios pequeños, sean habilitados nacionales. «Hasta ahora, en esos consistorios de escasa entidad se permitía poner como tesorero a un concejal. Eso crea un problema en cuanto a la planta que tenemos porque esas funciones se les asignan a secretarios e interventores y ellos ya tienen mucho trabajo, es un dislate», precisa.

Asimismo, indica que «no es lógico ni constitucional que la intervención y la tesorería la lleven la misma persona», y asegura que se está trabajando en pedir al Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local que proponga al Estado «que haya agrupaciones de municipios de tercera para poder llevar el puesto de tesorería». «La idea es agrupar municipios cercanos para que todos tengan un único secretario, y los mismos interventor y tesorero», asegura.

Otro de los puntos que trataron ayer en su asamblea tiene relación con la Ley de Bases de Régimen Local, que permite, excepcionalmente, la libre designación del secretario, el interventor y el tesorero por parte del alcalde en las grandes ciudades, siempre que estos cumplan una serie de requisitos mínimos. Es decir, a igual currículo, elige el regidor a quien prefiera.

Sin embargo, nadie repara en que se aplica poco el requisito básico, esto es la excepcionalidad. «En el 90% de las plazas por libre designación hay un concurso, pero no de méritos. Dentro de los que son de categoría superior, eliges al que tú quieras, interventor o secretario», precisa De Vicente, quien pone como ejemplo de ciudades en las que ocurre esto Marbella o Mijas, municipios mayores de 75.000 habitantes. «Lo que pedimos siempre es que se elimine la libre designación, y que haya un concurso de méritos para todos», indica. Parece más lógico, afirma, que el regidor no pueda elegir a quien debe fiscalizar su labor.

Otra de sus reivindicaciones se centra en que, a pesar de ser un cuerpo funcionarial a nivel estatal, les pagan los ayuntamientos, por lo que consideran que sería buena idea que sus salarios provinieran de las arcas del Estado para «lograr mayor independencia».

De Vicente señala que la nueva Ley de Estabilidad ha multiplicado el trabajo de los interventores. «Tienen mucho trabajo y han de enviar numerosos informes al Estado», señala. En Málaga, son 200 los profesionales habilitados nacionalmente para ejercer como secretarios, interventores y tesoreros y 130 los colegiados.

Antes de la asamblea, los colegiados pudieron asistir a dos ponencias que les afectan con especial incidencia. La primera, dictada por Enrique Sánchez, exjefe del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Marbella y ahora letrado del despacho Guerrero Abogados, tuvo como tema central cómo actuar ante procesos del Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Sánchez, que estuvo acompañado por su compañero de despacho Salvador Guerrero, explicó que en el trámite de instrucción de un procedimiento por alcance contable el secretario, tesorero o interventor afectado sólo tiene diez días para explicar la anomalía de que se trate, y puede acabar sancionado y con el sueldo embargado si no alega con éxito.

Ambos juristas criticaron la jurisdicción contable, especialmente en lo que a falta de garantías procesales tienen los investigados. «En el Tribunal de Cuentas es más duro: tienes un despacho y los expedientes. Hay 40 carpetas y has de ver en qué asuntos interviniste tú. Puedes hacer alegaciones», indica. Finalmente, se firma el acta de liquidación.

La segunda ponencia fue relativa a cómo actuar cuando la policía, por orden del juez, acude a registrar un ayuntamiento.

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