Limpieza

Limasa tendrá que contratar más eventuales en verano al cambiar las vacaciones

La empresa se verá obligada a aumentar el número de eventuales y fijos a tiempo parcial para cubrir ese periodo, lo que puede suponer un coste de 2 millones de euros, una vez que deja de tener vigencia el acuerdo parcial alcanzado el año pasado

29.12.2017 | 18:36
Un grupo de trabajadores de la empresa de limpieza de la capital malagueña.

­Más allá de las decisiones sobre el modo de gestión que debe seguir el servicio de limpieza y recogida de Málaga, hay un día a día en la ejecución de las tareas que es el que se refleja en las calles. En ello tiene especial incidencia las relaciones laborales, pero estas relaciones en Limasa no existen desde hace años, la prueba es que el último convenio fue firmado en 2010 con vigencia hasta 2012.

El acuerdo que puso fin a la última huelga en marzo de 2016 cerró algunos puntos en disputa como las vacaciones o los días de descanso, pero dejó otros abiertos y condicionados a lo que dictase la demanda interpuesta en el juzgado de lo Social número 12. Sin embargo, llegado el momento, la titular del juzgado no quiso sentenciar sobre ninguno de los aspectos en disputa, señalando que eran empresa y trabajadores los que tenían que decidir sobre ello, por lo que conminaba a las partes a negociar y llegar a un acuerdo laboral. Pero nada de eso ha ocurrido. Como los acuerdos de marzo, se remitían a una decisión judicial que no ha llegado, se fijaron como tope hasta diciembre de 2017. Esa fecha ha llegado y las consecuencias ya están ahí y tendrán un coste de unos dos millones de euros, sólo para resolver un punto: el referido a los meses en los que se disfrutan las vacaciones.

En marzo, el acuerdo fijó respecto a las vacaciones, disfrutar 15 días de junio a septiembre, con 24 ó 25 operarios más sobre el cuadrante existente, y los otros 21 días durante el resto del año. Así hasta el 31 de diciembre de 2017, todo ello en espera de esa decisión judicial que no ha llegado.

¿Qué pasará ahora? La plantilla, con el comité de empresa al frente ya ha tomado la decisión, que la empresa ha tenido que aceptar. A partir del 1 de enero las vacaciones, tal como fija el convenio 2010/12, volverán a tomarse íntegramente en los meses de verano, de junio a septiembre. Eso significa que para esos meses veraniegos, especialmente para agosto, la empresa se verá obligada a aumentar el número de contrataciones de eventuales y fijos a tiempo parcial para suplir a los que se van de vacaciones.

Cada uno de esos meses de verano se irán de vacaciones un mínimo de 330 operarios, que puede llegar a los 350. En verano, todo esos puestos deben ser suplidos e incluso aumentados para reforzar la campaña de limpieza de playas y la Feria. Ello obligará a la empresa a aumentar el número de jornadas a los trabajadores fijos a tiempo parcial (unos 300) que pasarán de trabajar sábado, domingos y festivos, a ver aumentado el número de días. Como esto no será suficiente, la empresa deberá llamar a los eventuales que forman la bolsa de trabajo hasta un número suficiente para que el servicio se cumpla según exige el contrato.

No obstante, los trabajadores han aceptado una petición realizada por la empresa de manera que de los 36 días que tienen de vacaciones, una semana la sigan disfrutando en los meses invernales. El comité ha aceptado porque mantienen un mes de vacaciones en verano y porque favorece la ampliación de jornada a los fijos a tiempo parcial.

Esta resolución sobre las vacaciones tendrá un severo coste económico para la empresa que ella misma fijó durante las negociaciones de la huelga de marzo de 2016 en 2 millones de euros, el coste de miles de horas de trabajo, pero también su consiguiente beneficio empresarial y el añadido del canon de asistencia técnica.

Con la llegada de 2018 ya no hay acuerdos parciales que suplan al convenio 2010/2012 que, mientras no exista una resolución judicial en firme, la empresa se verá obligada a aplicar. A la aplicación ahora del calendario de vacaciones vendrá en los meses siguientes la exigencia de otros derechos laborales que quedaron recortados o en suspenso. En los próximos meses, «cada cosa a su tiempo», señala un miembro del comité, éste reclamará el abono íntegro de la paga de productividad (1.431 euros) o que los fijos puedan volver a trabajar los festivos (que se paga a 140 euros) y otros puntos como percibir el complemento a cargo de la empresa en caso de hospitalización o incapacidad hasta alcanzar el 100% de la base reguladora, que la empresa ya no podrá negarse a aplicar. Puntos que, según los datos de la propia empresa tienen una factura de diez millones de euros.

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