Aliquindoi

Nobleza obliga

Con sensatez, Catalá ha ido desmontando serenamente muchas de aquellas reformas que su antecesor quiso imponer

01.05.2015 | 05:00

Con horror e impotencia hemos podido contemplar en Nepal cómo una sacudida de la tierra es capaz de acabar con miles de vidas en un santiamén, y derribar en segundos o minutos lo que el hombre ha tardado años en construir y siglos en conservar, ya sean infraestructuras, viviendas, palacios o monumentos. Empero, muchos siguen empeñados en erigir construcciones más o menos faraónicas, creyendo que con ellas podrán vencer a la madre naturaleza y alcanzar la fama eterna, aunque la Historia nos demuestre lo contrario. Ahí están esas frases que me ratifican: desde el «quien como Dios» al «dejarlo todo atado y bien atado».

Hemos tenido recientemente un ministro de Justicia, Don Alberto Ruiz-Gallardón, que tengo para mí que pensaba hacer una reforma jurídica que deviniese un cambio o actualización faraónicos de todos los textos más importantes del corpus jurídico español, que le diera fama imperecedera. La fama, sí la ha conseguido, pero no en el buen sentido que seguramente pretendía, ya que ha sido tan denostado, que, en mi larga vida profesional, nunca vi nada semejante con ninguno de sus predecesores: ha conseguido irritar a todos, absolutamente todos los estamentos jurídicos españoles.

Todos cuantos integramos «la gente de la Justicia» como nos definió Daumier en sus caricaturas, hemos coincidido en despotricar unánimemente de él y en contra de sus reformas, que no han sido pocas. Quizá con espíritu de iluminado, incompatible con su sabida inteligencia, quiso poner patas arriba no solo el sistema regulador del Poder Judicial, sino leyes que afectan al quehacer diario de todos los españoles de a pie. Tiene mérito, no crean, haber logrado incomodarnos a todos sin excepción.

Sabiendo el panorama que Gallardón dejó al salir, hay que reconocerle un verdadero espíritu de servicio al actual ministro que le ha sucedido, D. Rafael Catalá. Su gran conocimiento técnico lo ha compaginado con un espíritu conciliador digno de elogio aproximándose hacia quienes más nos conciernen sus decisiones de gobierno. Con sensatez ha ido desmontando serenamente muchas de aquellas reformas que su antecesor quiso imponer y no llegó a consumar ante la revuelta de todos los estamentos jurídicos, limando aquellas otras ya vigentes, en la medida en que sus aristas herían los deseos de los gobernados. Es así como ha adoptado algunas decisiones de decidida trascendencia para los ciudadanos, aunque los afectados no se hayan enterado. Cito tres ejemplos.

Catalá ha detenido la parte del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentado por su antecesor, que proponía la creación de un Juzgado único por provincia, suprimiendo la actual existencia de tribunales en las localidades cabeceras de comarca. En Málaga, ello habría supuesto que los justiciables de Ronda, Estepona o Campillos hubieran tenido que desplazarse a la capital, recorriendo entre 75 y 110 kms. para acudir a un juicio en el que se ventilara algún pleito en el que el valor de lo discutido ascendiera a 500 €. Casi más caro el collar que el perro. Asimismo ha modificado el pago de las tasas judiciales, que a veces superaban el importe de lo que se dilucidaba en las contiendas de ínfima cuantía, o resultaban inasequibles al bolsillo del litigante en los asuntos de más envergadura, por su elevado precio. Igualmente ha dejado en suspenso el proyecto de entregar los Registros Civiles –donde se guardan nuestros actos vitales: nacimiento, muerte, matrimonio, nacionalidad- a los señores registradores de la Propiedad, cuando ahora están bajo la salvaguarda y custodia gratuita de jueces profesionales.

La Abogacía Española le confió principalmente al decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara Peláez, que tomara la bandera de la defensa de los justiciables. El decano no dudó en utilizar métodos que me parecieron de inusitada y hasta diría que de dudosa conformidad con la dignidad de la profesión: manifestaciones por la calle con la toga puesta, o colocación de pancartas en las sedes colegiales. Decididamente me había quedado atrasado en mis apreciaciones. Esas son las nuevas reglas del juego, que a la larga han demostrado ser de una eficacia irrefutable para conseguir que ni los marbellíes ni los de Coín vean desaparecer sus juzgados, ni los particulares tengan que pagar tasas por poner un pleito ni por inscribir a sus hijos.

Quienes porfían en buena lid se conocen y aprecian. Ministro y decano, han debido forjar una gran confianza, al punto de pedirle el decano al ministro que acudiera a un desayuno del Colegio donde para su sorpresa, como reconoció ante la audiencia, hubo más de cuatrocientos asistentes.

Ha sido el primer ministro de Justicia que ha visitado la Ciudad de la Justicia y el primero también en visitar la sede del Colegio de Abogados. Contento con Málaga y su gente, ha regresado en Semana Santa; y tanto se le vio en la liberación del preso por Jesús El Rico como en el traslado de la Legión. Sí, ya sé que estamos en periodo electoral y todos los políticos han de dejarse ver, sobre todo si están en el Gobierno; pero también es cierto que el Ministerio de Justicia es, tradicionalmente, el que menos se valora propagandísticamente.

En fin, creo que tenemos un nuevo malagueño. No de adopción, pero sí de afición. Un ministro que ha evitado un mal terremoto en la Justicia española.

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