Juzgado de guardia

La tarea de toda la vida

11.01.2016 | 02:39

Son pasos, cortos pero van en la buena dirección, al menos de momento, aunque acostumbrados como están los responsables judiciales a llevarse sofocos por planes que nunca se llevan a cabo, lo del papel cero que prometió el Gobierno no deja de sacarles una sonrisa de vez en cuando. En Málaga, el sistema de notificación de resoluciones judiciales conocido como LexNet ya está implantado en todas las jurisdicciones y la segunda instancia. Ya no sólo hay comunicación entre jueces, secretarios y procuradores y abogados, sino que estos últimos pueden presentar ahora demandas, escritos iniciadores de procedimiento y de trámite. Todos esos documentos van con firma digital y nadie puede mover ni un ciberpapel hasta que no llegue a su destinatario un acuse de recibo. Bien. Ello quiere decir que los nuevos procedimientos incoados desde el 1 de enero de 2016 no se tramitarán en papel. Los anteriores sí. Ese es el objetivo, aunque todos los jefes de negociado creen que habrá que ir viendo cómo funciona todo y ajustar lo que haya que ajustar. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, cree que llevar a cabo semejante transformación en nuestros juzgados sin destinar ni un euro a la historia –señala a Rafael Catalá, ministro de Justicia– es una locura. Sin embargo, sus técnicos informáticos en Málaga consideran que sí puede hacerse. O eso le han dicho a los responsables judiciales. Hay una Comisión de Seguimiento de la implantación de LexNet en nuestros órganos judiciales, y, de momento, pocos problemas se han reportado. El 4 de enero se presentaron por este sistema las primeras cuatro demandas. Ahora, sólo queda preguntarse por qué no se ha andado antes por la senda de las nuevas tecnologías y por qué hay tantas y tantas reformas judiciales durmiendo el sueño de los justos –¿se acuerdan de la Nueva Oficina Judicial, paralizada desde 2003 salvo varios proyectos piloto?–. Nadie parece querer meterle mano a la historia, porque lo cierto es que se han dejado de crear juzgados y nadie sabe cuándo entrará en vigor el modelo que se pergeñó hace ya más de una década, con sus sucesivas modificaciones y adaptaciones posteriores al terreno. Una vez más, la Justicia sigue desangrándose sin que nadie haga nada. Este servicio público, vital para la salud democrática y económica del país, necesita de un pacto de Estado que le garantice una inversión sostenida para aumentar el número de jueces y fiscales, terminar de llevar las nuevas tecnologías a los juzgados y completar la reorganización de funciones y tareas que aún sigue a medias y, de paso, despolitizar el Consejo General del Poder Judicial. La tarea de toda una vida.

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