Quinta columna

La vacuna contra la desigualdad

22.01.2016 | 05:00

El patrimonio de las grandes fortunas españolas se incrementó el 15% en el último año, mientras que la riqueza del 99% de la población restante bajó en el mismo porcentaje. Conclusión: se agrava la desigualdad, lo que no quiere decir que haya un fuerte aumentado de las bolsas de pobreza. La economía ha crecido, pero son los más ricos los que sacan tajada.

El informe que esta semana difundió la organización no gubernamental Oxfam, a partir de los estudios del banco helvético Crédit Suisse, volvió a poner el foco sobre las cifras de la desigualdad en España. Destaca que a medida que los ingresos han dejado de reflejar la productividad y el valor añadido real, las personas que no ocupan posiciones de poder económico y político, aunque hayan trabajado duro, salen perdiendo. Ganan los que más ganan y ganan. Las 20 personas más ricas de España sumaron el pasado año un patrimonio de 115.100 millones, equivalentes al dinero que es capaz de reunir el conjunto del 30% más pobre de la población nacional.

Esas cifras subieron a titulares esta semana, pero en un segundo plano ha quedado la receta de Oxfan para reducir la brecha en España. La medicina no es nueva. El problema es que no se está suministrando y que el Gobierno, vistos los datos, sigue anteponiendo los intereses de las grandes empresas y fortunas. Oxfan propone, en esencia, un incremento de los salarios mínimos y una reducción de las brechas con las remuneraciones de los altos directivos; un incremento del control de la capacidad de influencia de las élites más poderosas, con la creación de registros públicos obligatorios de las actividades de lobby y medidas de transparencia, y una distribución del esfuerzo fiscal de forma equitativa.

El último punto es clave para la redistribución de la riqueza. El informe destaca que las personas y empresas más ricas aportan menos de lo que les corresponde y que los gobiernos, en plural, deberían adoptar medidas conjuntas para corregir ese desequilibrio. En primer lugar trasladando la carga tributaria del trabajo y el consumo –que aporta 9 de cada 10 euros que recauda Hacienda en España– hacia el capital, en segundo lugar mejorando la transparencia sobre los incentivos fiscales y en tercer lugar recuperando un gravamen sobre la riqueza. Sin embargo, esas medidas –que irían acompañadas de un gasto público que daría prioridad a la financiación de los servicios públicos básicos– no tendría gran repercusión si se mantienen los paraísos fiscales o la competición entre países por ofrecer a las grandes empresas todo tipo de incentivos fiscales, como rebajas del impuesto de sociedades, del IVA, de los aranceles aduaneros... Los autores del informe lo reconocen y de ahí que planteen la necesidad de «un sistema fiscal internacional justo» que evite, por un lado, que la evasión y la elusión fiscal continúen drenando los presupuestos públicos y socavando la capacidad de los gobiernos para hacer frente a la desigualdad y, por otro, que permita valorar de forma precisa si las multinacionales pagan su parte de impuestos allí donde realmente operan. Un camino ignoto para la globalización.

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