Informe
La "vacuna contra la pobreza" no llega: uno de cada siete andaluces en riesgo recibe el Ingreso Mínimo Vital
Un estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que el Ministerio de Inclusión no ha establecido, cuatro años después de su puesta en marcha, ningún mecanismo de coordinación para avanzar en los plazos de acceso al subsidio

Vista del autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital que está recorriendo España. / EFE
Ana Carretero
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación económica de periodicidad mensual que se implementó en 2020 con el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social. Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, difundido este lunes, y elaborado con datos del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, evidencia los problemas y el "laberinto burocrático" en la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la gran medida social del Gobierno, cuatro años después de su puesta en marcha.
En Andalucía, solo recibe esta prestación el 14,43% de las personas en riesgo de pobreza. Es decir, una de cada siete personas que vive esta situación. Una proporción en la línea de la media nacional que está en torno al 12,2%. La cuantía media mensual del IMV por persona es de 164 euros y 492,4 por hogar, según esta publicación.
Esta organización indica que cuando se impulsó el IMV, en 2020, la previsión inicial era llegar a 850.000 que se encontrasen en situación de pobreza severa (17% de la población española, 2,3 millones de personas). Pero "la realidad es que solo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa". "Si tomamos como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el IMV solo llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza", aseguran.

Porcentaje de la población bajo el umbral de pobreza que recibe el IMV / L.O.
Grandes diferencias entre comunidades
Se da la paradoja, por tanto, de que comunidades autónomas más ricas que Andalucía, como es el caso del País Vasco, cuenta con un nivel de implantación del subsidio mucho mayor que la comunidad autónoma andaluza, aunque son territorios que también cuenta con mayor población. El informe revela las grandes diferencias en esta entre regiones. El IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%), pero no llega al 10% en Castilla La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).
La denuncia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales realiza en este ámbito es que las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera "renta garantizada" corresponden a un porcentaje muy inferior a las que se encuentran en situación de pobreza severa.
580.000 andaluces reciben el Ingreso Mínimo Vital
En el caso andaluz, por ejemplo, según el INE en 2023 se encontraban en riego de pobreza severa un 12,6% de la población andaluza, es decir, casi un millón de personas. En riesgo de pobreza, por su parte, la cifra alcanza el 25,5% y los 2,1 millones de personas.
Este informe, por su parte, refleja que el número de beneficiarios de esta ayuda alcanza en la comunidad las 576.662 personas en abril de 2024. De estas, solo 312.798 estarían por debajo de la renta mínima garantizada.
El requisito de la Renta Mínima Garantizada
Cabe recordar que este ingreso engloba tanto la renta básica de subsistencia para las familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia, que permite completar las rentas inferiores a tres veces la renta garantizada.
La cuantía del Ingreso Mínimo Vital, por lo tanto, es la diferencia entre la renta garantizada, fijada por ley, y otros ingresos que los beneficiarios puedan tener. Para un beneficiario individual, la renta garantizada es de 7.250,52 euros al año, o 604,21 euros al mes.
Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, "es necesario un impulso aún mayor para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de atención primaria. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias".
"Laberinto burocrático"
En este sentido, la organización abunda en que "el laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad". "La persistencia de las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es como calificaron el Ingreso Mínimo Vital", han concluido.
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