Los altos cargos de la Junta deberán pedir autorización para la privada durante dos años

Los altos cargos de la Junta de Andalucía deberán pedir expresamente una autorización para ejercer en la privada, dentro del mismo sector en el que hayan desarrollado sus funciones, durante dos años después de su cese en las funciones públicas, y si no lo hacen incurrirán en conflicto de intereses.

La Inspección General de Servicios será el organismo que instruya el procedimiento. El ejercicio en la hipotética empresa privada sin autorización constituirá una «infracción muy grave» y tendrá sanción, según el decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, que modifica dos leyes anteriores.

Los altos cargos cesados que pretendan realizar una actividad privada en el mismo sector en el que hayan desarrollado sus funciones en los dos años posteriores a su cese deberán comunicarlo previamente a la Consejería competente en materia de administración pública y a obtener una autorización.

La modificación vía decreto-ley es un paso «de urgencia» y de «mínimos» para cerrar «la brecha» que se abrió con el caso del ex número dos de Salud Miguel Ángel Guzmán. De hecho, si quisiera incorporarse a Asisa a final de julio estaría obligado ahora a pedir a la Junta que resuelva sobre su incompatibilidad como exviceconsejero, ya que ese cargo lo dejó hace cinco meses.

La Junta seguirá trabajando en la elaboración de una nueva ley, en la que abordarán asuntos como la posible ampliación de las cesantías, informó ayer el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. El procedimiento tiene dos posibles vías, abordar este decreto como proyecto de ley en el Parlamento una vez que se convalide en el próximo pleno, o empezar a elaborar un anteproyecto de ley desde el Gobierno autonómico.