Sánchez dice que el nuevo impuesto a las energéticas evitará penalizar las inversiones renovables

Después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, suavizara el tono sobre la prórroga del impuesto a las energéticas al principio de esta semana -dijo en una entrevista que estas compañías "ya no tienen beneficios extraordinarios"-, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ido un poco más allá al sugerir que el nuevo diseño evitará penalizar las nuevas inversiones en renovables. "Estamos viendo que el precio de la energía se está conteniendo, continúa alto, pero se está reduciendo. Y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que de alguna manera estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable para estos proyectos industriales. Por tanto, estamos en esa fase de trabajo de rediseño para ver cómo podemos también incentivar estos proyectos industriales”, ha explicado Sánchez en una entrevista en 'Espejo Público'.

El impuesto a las energéticas, aprobado en plena crisis para contener la factura de la luz y penalizar a las empresas, grava con un 1,2% durante dos años los ingresos de todas las energéticas que tengan una facturación superior a los 1.000 millones de euros durante los años 2022 y 2023 aunque se liquida en el 2023 y 2024. El 31 de diciembre de este año debiera finalizar su implantación, pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció tras la firma del pacto programático de legislatura entre PSOE y Sumar que se mantendría: "No vamos a perder el impuesto a la banca y a las energéticas. Seguimos en una situación excepcional y no podemos permitirnos perderlos", dijo entonces. El texto del acuerdo entre los dos partidos ratifica las palabras de Díaz, pero añade el matiz de que se "revisará" la tasa con el objetivo de "adaptarlos y mantenerlos" tras su periodo de aplicación actual.

La petrolera Repsol ha sido de lejos la empresa más crítica, y también la más penalizada por el gravamen. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, amenazó con trasladar sus inversiones renovables de España a otros países si se mantenía más allá de este año. Y de hecho la compañía puso en cuarentena 1.500 millones de euros, la mayoría en proyectos de hidrógeno renovable, que es uno de los principales vectores energéticos que quiere impulsar el Gobierno de Sánchez. Imaz es expresidente a su vez del PNV, formación que cuenta con cinco escaños en el Congreso fundamentales en la tramitación de leyes para Sánchez. El choque político parece servido después de que tras las declaraciones de Sánchez el líder de Más Madrid y diputado de Sumar, Íñigo Errejón, haya advertido a través de la red social X (antes Twitter) que los impuestos a bancos y energéticas son "una política fundamental" que debe "hacerse permanente".

Situación en Europa

Este 'impuesto' español, que es en realidad una "prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria" -configurado así por los partidos del Gobierno de coalición para tratar de superar escollos legales en su aprobación en el Congreso-, está en línea con el gravamen europeo de poner en marcha una "contribución de solidaridad coordinada, única y temporal", aunque en este último caso el mandato era que afectase a los beneficios extraordinarios (los obtenidos en 2022 por encima de los de 2019, 2020 y 2021) solo de las empresas de petróleo, gas, carbón y refino y durante un año. Los Estados miembros podía elegir si implementar este gravamen o una medida adicional equivalente, como ha sido el caso de España.

Bruselas no ha dicho nada sobre si alargar o no la medida comunitaria, que también termina el 31 de diciembre, pero en un informe publicado esta semana la Comisión Europea asegura que la evolución de los mercados de energía fósil muestran que "la situación es muy diferente" de la que existía cuando se anunció la medida en octubre de 2022. "El descenso de los precios de la energía a lo largo de 2023 y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios excedentarios de 2022", asegura el Ejecutivo comunitario.

En el conjunto de la Unión Europea, los ingresos estimados para este año por este gravamen ascienden a 17.574 millones de euros, de los cuales 1.089 millones corresponden a España, unos 156 millones menos de lo que había previsto el país unos meses antes, según las cifras recogidas a mediados de septiembre por la Comisión. España es el país que más prevé recaudar por el gravamen en 2022, después de Holanda (6.433 millones), Polonia (3.230 millones) e Italia (2.897 millones de euros). En junio de este año, el ejecutivo comunitario había recaudado ya la mitad, 6.850 millones de euros, con Italia , Polonia y España a la cabeza con 2.897 millones, 1.430 millones y 1.089 millones recaudados, respectivamente.