Rodríguez llevará al Consejo de Ministros en febrero sus dos medidas estrella para mejorar la accesibilidad a la vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado, durante su comparecencia en una Comisión Extraordinaria celebrada esta mañana, que el Consejo de Ministros aprobará durante el próximo mes de febrero sus dos primeras medidas estrella para mejorar la accesibilidad a la vivienda.

La primera es una partida de 4.000 millones de euros para financiar la promoción y construcción de edificios cuyos pisos se destinen a alquiler asequible, es decir, a precios por debajo de mercado. Esta medida fue anunciada en abril por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los fondos se inyectará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se podrán beneficiar promotores públicos y privados.

La segunda es otra partida, en este caso de 2.500 millones de euros, en este caso destinados a avalar la compra de casas. También a través del ICO, el Ejecutivo avalará la parte de la hipoteca que la banca no presta. Las entidades suelen financiar hasta el 80% de la adquisición, mientras que con los avales gubernamentales esta cuantía se elevará hasta el 95% o, incluso, el 100%.

Según las estimaciones compartidas por Isabel Rodríguez, de ambas partidas de fondos podrán beneficiarse más de 90.000 hogares: los avales pueden alcanzar hasta a 50.000 jóvenes y familias, mientras que, con la financiación para la promoción de viviendas, se podrán construir alrededor de 40.000 nuevas casas.

La situación de la burbuja

Durante su intervención, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha hecho especial énfasis en el problema de accesibilidad a la vivienda que hay en España: "En 2007, el acceso a la vivienda era la tercera mayor preocupación de los ciudadanos, solo superado por el terrorismo de ETA y el paro. En la actualidad, si bien no se alcanzan las cotas de aquellos años, la vivienda sigue estando entre los diez problemas que más afectan a la población. Ocupa el séptimo lugar, por detrás de la crisis económica y los problemas derivados de ella, la sanidad, la calidad del empleo, las situaciones personales, el paro y los problemas políticos en general".

Isabel Rodríguez cree que esta dificultad para acceder a una casa en propiedad o en arrendamiento tiene consecuencias graves: "No tener una vivienda segura y estable lastra el futuro y frustra proyectos vitales, como la maternidad o la paternidad. En cuanto a los jóvenes, no solo afecta a su capacidad para vivir de manera independiente, sino que también tiene ramificaciones profundas en casi todos los aspectos de su desarrollo y bienestar, desde su vida profesional y educativa hasta su salud mental y relaciones sociales. Y, en el caso de las personas mayores o con movilidad reducida, la falta de una vivienda adecuada tiene un impacto directo en su salud y bienestar, y también puede generar una situación de aislamiento social y, en consecuencia, una pérdida de calidad de vida".