La pelea por quedarse gratis con los terrenos del fiasco del almacén nuclear de Villar de Cañas

El Gobierno ha dado el carpetazo definitivo al antiguo proyecto de construir un almacén nuclear centralizado en Villar de Cañas, en Cuenca. El Ejecutivo ha aprobado un nuevo plan general de residuos radiactivos -la hoja de ruta sobre cómo gestionar la basura nuclear hasta fin de siglo- que descarta la opción de tener un sólo almacén nuclear y consagra la alternativa de construir siete instalaciones para guardar los residuos, uno en cada una de las centrales nucleares.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha ordenado expresamente el abandono del proyecto para albergar la instalación en Villar de Cañas e insta a Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares, a poner fin completamente a todos los procesos iniciados para su puesta en funcionamiento. El Gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado a Moncloa, ya paralizó en 2018 las actuaciones para tener un cementerio nuclear en la localidad conquense y ahora pone punto final definitivo al proyecto.

Enresa, la empresa estatal encargada de la gestión de los residuos radiactivos y titular del proyecto de Villar de Cañas, se prepara para asumir un roto millonario en sus cuentas por el fin del proyecto y la pérdida de valor de todos los activos vinculados (los terrenos en que se ubicaría y las construcciones ya realizadas y las instalaciones técnicas levantadas). La compañía pública ya provisionó 82,5 millones de euros para hacer frente al deterioro de todo el activo vinculado al almacén temporal centralizado (ATC) que se había proyectado y que ya no se realizará, según se recoge en las cuentas e informe de gestión del grupo correspondientes a 2022.

Enresa ha recibido la orden expresa del Gobierno de ceder de manera gratuita los terrenos a una administración pública para que se emprendan proyectos de interés económico para la zona. Y la obligatoria cesión ha abierto ya una disputa entre las diferentes administraciones públicas interesadas en quedarse con las más de 87 hectáreas de terreno dividido en tres parcelas y con los tres edificios ya construidos (uno de servicios múltiples, un laboratorio sin equipar y una nave industrial, en total con más de 4.000 metros cuadrados construidos).

Tres AAPP candidatas

La Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación de Cuenca y el Ayuntamiento de Villar de Cañas maniobran ya para tomar el control de las parcelas. El Ayuntamiento de Villar de Cañas ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la resolución ministerial que pone fin al proyecto de almacén, pero al tiempo ha hecho llegar a Enresa el acuerdo municipal para reclamar la cesión de la titularidad de los terrenos. La Junta autonómica y la Diputación provincial han trasladado a Enresa de momento su interés por hacerse con las parcelas sólo de manera informal y apenas verbalmente, según confirman fuentes oficiales de la sociedad pública a El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, que subrayan que pueden utilizarse fórmulas que permitan que participen varias administraciones a la vez y haya un reparto de los terrenos.

Desde Enresa se apunta su preferencia por materializar la cesión de los terrenos antes de que termine este año y anticipa que el criterio que utilizará la compañía para elegir la administración beneficiaria del traspaso será priorizar la “maximización del desarrollo socioeconómico de los municipios del entorno” de los planes que elaboren Junta, Diputación y Ayuntamiento sobre a qué actividades de utilidad pública e interés social dedicarán los terrenos. “Hasta que no empecemos los contactos y conozcamos los diferentes planteamientos no se valorarán las alterantivas. Esperamos que en los próximos meses se puedan realizar las gestiones necesarias para la cesión”, indican fuentes de Enresa.

Historia de un fiasco

Más de una década después de la aprobación de la elección de Villar de Cañas para acoger el depósito de basura nuclear por el Gobierno de Mariano Rajoy y tras más de un lustro desde la paralización de la tramitación, el ‘no’ definitivo no ha llegado hasta ahora.

La construcción de un almacén temporal de residuos nucleares acumulaba ya un enorme retraso cuando se decidió en 2018 frenar los trabajos de licenciamiento que estaba desarrollando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El plan original contemplaba tenerlo listo a finales de 2018, pero para entonces en la localidad conquense seguía habiendo poco más que un solar. Hasta la suspensión de la tramitación, que ya el Ejecutivo actual considera definitiva, Enresa había adjudicado contratos para impulsar el proyecto por 92 millones de euros.

El Gobierno de Pedro Sánchez renunció en 2018 a continuar con la opción de Villar de Cañas por los problemas técnicos y los enormes costes adicionales que exigiría superarlos, especialmente por las dudas por la calidad de los terrenos de la que ya alertaron los técnicos del CSN y estudios independientes. Y el argumento actual para descartar un solo almacén nuclear y optar por construir siete instalaciones en las centrales nucleares ha sido que la “falta de consenso social, político e institucional” demostrada durante el periodo de alegaciones del nuevo Plan General de Residuos Radiactivos hizo “inviable” la opción de un único almacén centralizado.

Desde el sector nuclear se reconoce que se debe a que ninguna comunidad autónoma respaldaba la posibilidad de acoger el cementerio nuclear en su territorio, a pesar del interés de algunos ayuntamientos. De hecho, la Junta de Castilla-La Mancha, encabezada por el socialista Emiliano García Page, ha mostrado durante años de manera insistente y por todos los medios -con reformas legislativas, en los tribunales...- su rechazo frontal a la construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas. La elección del municipio conquense para acoger el ATC fue aprobada en 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando sí contaba con el respaldo de la Junta regional, entonces encabezada por la también popular María Dolores de Cospedal.