La Audiencia Nacional certifica la existencia del cártel de la leche y abre la puerta a las demandas de los ganaderos

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha confirmado este miércoles la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de julio de 2019 que consideró que ocho empresas lácteas, entre las que figuran Pascual, Danone, Lactalis, Nestlé, Puleva y Capsa, junto con Celega, Schreiber y dos gremios regionales de Catalunya y Galicia, formaron un cártel para intercambiar información comercial sensible para coordinar la compra de leche en España. Los tribunales confirman de nuevo la acción de las autoridades de la competencia y la existencia de cárteles (acuerdo entre empresas competidoras para eludir la competencia) que eleva los precios y reduce las posibilidades de nuevos competidores. Las demandas de afectados que la organización agraria Unión de Pequeños Agricultores (UPA) aglutina en este momento rondan las 5.000, aunque se calcula que el numero de ganaderos afectados en toda España pueden superar los 49.000, de acuerdo con el número de explotaciones que registraron venta de leche en los años de afectación del cartel. Con esta sentencia y tras la ratificación del hecho delictivo que acaba de realizar la Audiencia Nacional, cabe esperar que el número de reclamaciones aumente considerablemente.

En opinión de Albert Poch, especialista en derecho de la competencia de Redi Abogados, "la Audiencia Nacional, confirma en líneas generales la conducta del cartel de la industria láctea y confirma también que tuvo efectos en el precio de la leche que cobraron los ganaderos. Por tanto, la compensación a los ganaderos por el daño causado por la industria está mas cerca". El tiempo que pasa entre el daño causado y la compensación efectiva es uno de los elementos más críticos en las causas judiciales en torno a los cárteles empresariales.

La Audiencia Nacional ratifica que existió concertación entre el 2000 y el 2013, en el marco de una infracción 'muy grave'. Las sentencias contemplan multas de 8,5 millones de euros a Calidad Pascual; de 53.310 euros a Central Lechera Galicia; de 11,6 millones a Grupo Lactalis Iberia; de 6,8 millones a Nestlé y de 929.644 euros a Schreiber Food España, según consta en los diferentes fallos de la Audiencia Nacional. Respecto a estas sanciones, la Sala ha rechazado el argumento de las empresas, que habían recurrido la sentencia de Competencia, que las consideran arbitrarias, y ha considerado que "están motivadas y no resultan desproporcionadas", porque están por debajo de la media del tipo sancionador máximo, con un porcentaje que se ajusta a las circunstancias particulares de los intervinientes. El tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por Comercial Alimentaria Peñasanta, a la que se le había impuesto una multa de 21,8 millones de euros; Danone, con 20,2 millones de euros; Industrias Lácteas Granada (Puleva), sancionada con 10,2 millones de euros; y Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), tras "entender que algunos de los periodos investigados están prescritos".

Demandas de más de 5.000 ganaderos de UPA

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos celebró este miércoles la sentencia de la Audiencia Nacional que, "tras años de lucha y reivindicaciones", al reconocer la existencia del "cártel de la leche" denunciado por esta organización, que respalda las demandas de los más de 5.000 ganaderos "a los que los servicios jurídicos de Unións Agrarias-UPA Galicia han representado para exigir la devolución de los importes que se le adeudan por la producción vendida en este periodo".

Fuentes de UPA reconocen que si bien la sentencia de la Audiencia Nacional reduce la cuantía de las sanciones que inicialmente había reclamado la CNMC, "sí supone la confirmación del hecho delictivo denunciado por UPA". Está previsto que tras la sentencia de la Audiencia Nacional "se impulsarán las demandas individuales de los ganaderos y ganaderas afectados por el cártel para determinar la cantidad con la que cada uno de ellos debe ser indemnizado".

La organización agraria ha hecho un llamamiento para que los ganaderos afectados por el cártel que aún no hayan iniciado su reclamación se sumen al procedimiento y “den un paso al frente para reivindicar lo que, por derecho, les pertenece". En ese sentido, la organización recuerda que todos los titulares de las explotaciones que hayan vendido leche entre los años 2000 y 2013 pueden sumarse a la reclamación para que las industrias les reembolsen el diferencial correspondiente entre lo que deberían haber cobrado por la producción vendida esos años y lo que realmente cobraron. Una cuantía que se vio alterada por los pactos ilícitos de precios acordados por las industrias durante esos años.