Protegerse de la próxima crisis con otro impulso al boom renovable

Las sacudidas históricas de los últimos años -de la pandemia al retorno de la guerra a Europa- se han tornado en una inesperada oportunidad para acelerar transformaciones económicas ineludibles. La UE respondió al desplome provocado por el covid con una lluvia milmillonaria de fondos comunitarios para hacer revivir una economía en caída libre y para impulsar cambios cruciales del modelo productivo, con la digitalización y la transición energética contra la emergencia climática como banderas.

Y el terremoto geopolítico y económico provocado por la invasión rusa de Ucrania, con la crisis energética como catarsis, ha subido el volumen de los discursos que defienden una mayor soberanía energética; ha disparado los objetivos de despliegue de energías limpias como escudo frente a la dependencia exterior a la que obligan el petróleo y el gas; y ha puesto el foco en la necesidad de emprender reformas estructurales para proteger la economía y a los ciudadanos de picos de precios de la energía.

El Gobierno que salga del 23J va a ser el encargado de impulsar durante años el despliegue del Plan de Recuperación y su maná de fondos europeos, y también de aplicar la hoja de ruta verde para dar el empujón definitivo a la expansión de nuevas renovables para alcanzar las metas medioambientales y de reducción de emisiones frente a la crisis climática.

Avanzar en la revolución verde

El Ejecutivo actual acaba de presentar a la Comisión Europea una nueva versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta energética y ambiental hasta 2030 para avanzar en la descarbonización de la economía nacional y que plantea objetivos verdes mucho más ambiciosos que los vigentes. De momento es un borrador, y la versión definitiva la concretará con Bruselas el nuevo Gobierno a lo largo del próximo año.

La buena noticia, según destacan desde el propio sector energético, es que incluso con un eventual cambio político no hay mucho margen para grandes retrocesos en los objetivos de expansión de las energías limpias. Bruselas obliga a metas ambientales cada vez más ambiciosas, sin posibilidad de marcha atrás, y la propia legislación nacional establece que las revisiones de los planes de energía y clima sólo pueden elevar los objetivos y en ningún caso revertir las actuales. Hoy por hoy, sólo se puede empatar o avanzar, pero no retroceder en esos objetivos. Pero la forma de alcanzarlos, las políticas concretas para abordarlos, sí serán diferentes en función de quién gobierne en los próximos años.

España afronta una avalancha de nuevas energías renovables y tocará tomar medidas para que el sistema eléctrico pueda digerirla. Clave para el éxito de una transición energética basada en un boom de renovables será la política del próximo Gobierno para gestionar los atascos administrativos en las tramitaciones de más de un millar de proyectos verdes, para ampliar la red eléctrica, para elevar las interconexiones internacionales, para impulsar el almacenamiento que evite tirar tanta electricidad renovable sin usar, y para definir de manera estructural el papel que quiere jugar España en la revolución del hidrógeno (como productores para el consumo local para atraer industria o como grandes exportadores a Europa).

La autonomía energética pasa por impulsar aún más el despliegue de energías renovables, lo que supone una oportunidad desde el punto de vista ambiental, pero también para el desarrollo de una industria propia ligada a la energía verde. El nuevo Gobierno debe afrontar el reto de impulsar la anhelada autonomía también con una industria renovable propia. No es cuestión de pasar de la dependencia del petróleo y el gas de otros países, singularmente Rusia, a la dependencia de los paneles, componentes y materiales de China.

Las elecciones del 23J han abierto en canal el debate de qué hacer con las nucleares españolas: mantener el actual calendario de cierre de centrales que llevará al apagón nuclear total en 2035, como quiere el PSOE y sus socios parlamentarios, o prolongar la vida útil de las plantas, como defiende el PP. Las eléctricas, en cualquier caso, pretenden vender caro su respaldo a la eventual prolongación de las operaciones de sus nucleares, exigiendo un nuevo modelo que garantice su rentabilidad.

Un escudo para la próxima crisis

Con lo peor de la crisis energética aparentemente superado, el próximo Ejecutivo deberá afrontar la retirada de las medidas excepcionales de los escudos anticrisis como reclama Bruselas. El gran reto pasa por emprender las reformas estructurales necesarias para evitar que en la próxima crisis energética -que vendrá- la volatilidad de los mercados vuelva a golpear tan directamente a la economía y a los ciudadanos.

La UE trabaja en una reforma del mercado eléctrico con este objetivo y para que la rebaja de costes que ofrecen las renovables se note en el precio final. El actual Gobierno español ha estado a la cabeza de los países que reclaman una reforma profunda de las reglas y de una mayor intervención estatal para contener los picos de precios. Una postura que no cuenta con el respaldo del PP ni tampoco con el apoyo mayoritario de los Veintisiete ni de Bruselas.

La postura nacional actual, en este caso sí, se puede dar por hecho que cambiará si hay giro político en la España post-23J, tanto en el contenido como en los tiempos. El Gobierno actual se ha marcado como objetivo cerrar un acuerdo de reforma este mismo año. En caso de vuelco político en los comicios de julio, está por ver cuál es el calendario y la capacidad de maniobra del nuevo Ejecutivo.