El impacto de la pandemia en el mercado laboral ha elevado en algo más de un año un 30% las cifras de paro en Málaga hasta rozar los 200.000 desempleados y, de manera aún más significativa, ha disparado el número desempleados que ya han agotado todas sus prestaciones, quedando completamente expuestos en una época de gran incertidumbre económica. Si a inicios de marzo, justo antes de que estallara la crisis sanitaria, había casi 60.900 parados sin cobertura, la cifra ahora supera los 89.000, con un aumento del 46% en este periodo dominado por el Covid, según la serie estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Los sindicatos alertan, además, de que la delicada situación está oscureciendo aún más las perspectivas laborales de aquellos colectivos con especiales dificultades para encontrar empleo. Uno de los segmentos que más preocupa es, precisamente, el de parados de larga duración, integrado por personas que llevan más de un año en el desempleo. Los últimos datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) indican que el volumen de desempleados de larga duración prácticamente se ha duplicado, pasando de los 58.281 de cierre de febrero de 2020 (justo antes de que estallara la pandemia) a los más de 113.548 del pasado mes.

De los datos de Argos también se percibe cuál es el grupo más afectado por un largo desempleo que puede amenazar con volverse crónico: los desempleados mayores de 45 años. Las estadísticas reflejan que en Málaga hay 93.524 parados que superan esa edad, unos 17.000 más que cuando se produjo el estallido del Covid.

Por otro lado, el paro de larga duración tiene también un claro perfil femenino. Del total de desempleados que llevan más de un año sin trabajo en Málaga, más de 72.000 son mujeres, lo que supone aproximadamente dos de cada tres.

En toda esta situación influye el hecho de que el sector servicios, uno de los que concentra mayor presencia femenina, ha sufrido una especial debacle en el año del coronavirus, debido al castigo que han sufrido segmentos como el turismo, la hostelería y el comercio. El paro en los servicios ha subido un 28% hasta los 143.800 desempleados. Pues bien, el 63% de estas personas (unas 91.500) son mujeres.

Preocupación sindical

Los sindicatos UGT y CCOO expresan su preocupación ante las escasas expectativas laborales en una época lastrada por la pandemia y caracterizada también por una profunda transformación tecnológica de los empleos. Y recuerdan que la formación a los desempleados financiada por las administraciones está todavía muy por desarrollar, pese a que todos los trabajadores, por ley, destinan un 0,7% de sus nóminas cada mes a este fin.

El secretario de Organización y Coordinación de UGT Málaga, Antonio Ignacio Vázquez, afirma que la gran incógnita es cómo se va a reconstruir el empleo una vez acabe la pandemia y demanda herramientas ágiles de formación que sirvan para recolocar a los parados mayores de 45 años y a los de larga duración, que son los más expuestos económicamente.

«Hay muchos desempleados que se están quedando sin coberturas, y urge que las administraciones den respuesta a este problema, porque hay familias pasándolo muy mal. Primero, con planes de formación que recualifiquen a estas personas para adaptarlos a los nuevos perfiles del mercado; y segundo, agilizando la tramitación del Ingreso Mínimo Vital. No podemos olvidarnos de todas estas personas», apunta.

Vázquez recuerda que los sindicatos también están presentes en la mesa de diálogo con la Junta de Andalucía donde se está ultimando una nueva prestación que tendrá como objetivo complementar el Ingreso Mínimo Vital del Estado para ayudar a las personas más vulnerables. Este complemento autonómico sustituirá a la renta mínima de inserción social de Andalucía.

Según los últimos datos del Gobierno, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega ya a 11.271 hogares malagueños en los que viven 30.673 personas, de las que 13.042 son menores. La cuantía media de esta prestación por hogar en la provincia asciende a 458,51 euros al mes. También se han denegado 33.000 solicitudes por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, algo que se está intentando agilizar.

Por su parte, la responsable de Formación y Empleo de CCOO en Málaga, María José Prados, señala que toda esta situación obedece también a la precariedad que impera en el mercado de trabajo, con muchos empleos eventuales que desaparecieron a raíz de la pandemia.

«Málaga tiene una economía muy dependiente del turismo y los servicios, y eso se ha notado mucho», apunta. A su juicio, todo pasa por una mayor diversificación del modelo productivo y por la derogación de la reforma laboral, algo que CCOO y UGT van a reclamar de manera contundente en la celebración dentro de unos días del Primero de Mayo.

Prados también solicita un nuevo impulso de la formación a los desempleados, teniendo en cuenta que muchos no están cualificados para los nuevos trabajos de una economía más digitalizada que nunca.

«Desde la época de Rajoy se le ha dado un hachazo enorme a esta formación. Y es más necesaria que nunca para reincorporar a los parados más mayores. No van a poder trabajar seguramente en lo mismo que antes. Sólo hay que ver lo que está pasando con la banca y con todos los ERE que se están anunciando en ese sector», afirma.