La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Málaga denunció ayer la acumulación de plantas de marihuana en dependencias oficiales del instituto armado. Más aún, advirtió de que los agentes se ven obligados a elaborar estas sustancias estupefacientes para que no sean rechazadas por el depósito de Sanidad Exterior.

Según la AUGC -asociación mayoritaria de guardias civiles de la provincia, con más de un millar de asociados- el decomiso de plantas de marihuana está conllevando «serios problemas» a las unidades que lo realizan, ya que el depósito de Sanidad Exterior de Málaga, que tiene encomendada su recepción y custodia por ley, «se niega a aceptarlas cuando no están deshojadas, secas y envasadas, o lo que es lo mismo, presentadas en estado de consumo».

Este hecho obliga a los guardias civiles a «tener que transformar sus cuarteles en secaderos provisionales de marihuana, siendo especialmente graves los casos en los que se decomisan grandes plantaciones de esta sustancia psicotrópica, ya que implica destinar a esta función a un elevado número de agentes».

La junta directiva provincial de esta asociación incidió en que las labores y posterior depósito se llevan a cabo en dependencias del instituto armado, que, «evidentemente, no se encuentran habilitadas para este tipo de actividad». Además, apuntaron que «en muchos casos se acometen a la vista de los menores que viven en el cuartel». La AUGC ha reconocido, de hecho, no entender que se asigne esta actividad de elaboración y depósito de sustancias estupefacientes intervenidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que «en el Plan Nacional Sobre Drogas no se contempla en ningún momento a estos agentes como encargados de estas tareas».

«La AUGC no concibe que se tenga que elaborar esta sustancia mediante el deshojado, secado y envasado para, posteriormente, ser destruida», indicó el colectivo.

Además, recordaron que hace ya tiempo que vienen reclamando que se cambie este método, puesto que supone para los agentes «un lastre para las funciones que la Ley les tiene encomendadas y una mala praxis que debe erradicarse y sustituirse por un método más racional y eficiente».