El presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, confía en que, tras siete años de crisis, los próximos meses dejen notar un atisbo de recuperación. Rebajar las cotizaciones sociales o reducirla burocracia son algunas de las demandas de un empresariado que resiste pese a la dura coyuntura: Málaga, que actualmente tiene 54.000 empresas, ha visto desaparecer unas 12.000 desde que se inició la crisis.

El Gobierno dice que estamos saliendo ya de la recesión, ¿debería notarse eso en las cifras del paro a partir de este mes de septiembre? El desempleo siempre empieza a subir en Málaga a partir del fin del verano, ¿creen que ese ascenso puede ser más atenuado este año? ¿Hay motivos para el optimismo?

Tenemos esa esperanza. Se observa un cambio de tendencia hacia la recuperación. Hemos salido de la segunda fase recesiva de la crisis y tras casi siete años al fin hay indicadores que dicen que la economía y el mercado comienzan a recuperar el pulso. En Málaga se ha producido un fenómeno peculiar que no se había dado hasta ahora en la crisis y que da esperanza de cara al futuro: el número de ocupados, el de empresas y el de autónomos ha subido en torno a un 9% en el primer semestre de 2014. Se han creado unos 39.000 empleos en el Régimen General y 6.000 nuevos autónomos, y hay 4.000 empresas más en la Seguridad Social en relación a enero. Es algo muy relevante. Dicho esto, creo que hay un cambio de tendencia pero no que la crisis esté quedando atrás. Hay todavía muchas cuestiones pendientes que resolver. Estamos mejor que antes pero con mucho camino por recorrer. El sector servicios y el turismo están actuando como gacelas del crecimiento pero la industria y la construcción siguen muy débiles. Somos prudentes aunque pueda haber un razonable optimismo.

El paro en Málaga afecta ahora mismo al 32,5% de la población activa, con casi 260.000 personas a la búsqueda de empleo. ¿Qué espera para 2015?

Sería extraordinario bajar del 30% de paro aunque seguirían siendo cifras elevadísimas. Pero intento transmitir cautela porque no veo argumentos que permitan asentar y consolidar el cambio de tendencia. Los claroscuros deben aclararse. En España seguimos soportando una excesiva deuda pública con un ratio que ya supera el 100% en relación al PIB. Eso supone más endeudamiento para el Estado. El sector público debe hacer un esfuerzo similar al que ha realizado el sector privado.

Aunque se están produciendo más contrataciones, los sindicatos critican que la inmensa mayoría son precarias. Los datos no engañan. El 95% de los contratos que se firman cada mes en Málaga son temporales ¿Por qué no hay más contratación indefinida si en muchos caso los puestos que se cubren son estructurales?

Todos querríamos que hubiera más estabilidad en el empleo. Coincidimos con los sindicatos en que el empleo es inestable, pero lo es tanto como la propia supervivencia de las empresas, que tampoco tienen precisamente un marco de estabilidad. Sobreviven por sus esfuerzos y por su capacidad de adaptación a un entorno extremadamente hostil. No estamos conformes con esta situación: nos gustaría que la ratio de contratación indefinida estuviera al menos en el 8%, aunque también sea insuficiente. Pero recuerdo que incluso cuando vivíamos un ciclo expansivo en Málaga nos costaba mucho llegar al 10% de contratos indefinidos. Tenemos una estructura productiva marca por la estacionalidad turística. No nos engañemos. Hoy por hoy, lo perentorio es crear empleo que sea digno. La negociación colectiva es el regulador. No queremos un capitalismo salvaje. Queremos un horizonte para los parados, también para los mayores de 45 años. Intentaremos que el empleo sea de mejor calidad pero ahora mismo lo importante es que se cree empleo.

¿Lo tiene ahora mejor un empresario que acude a un banco para pedir un crédito?

El acceso el crédito es una asignatura pendiente. Está mejorando, pero es un proceso muy lento y progresivo. Estamos convencidos de que cuando las entidades financieras normalicen sus balances el crédito se irá abriendo a las empresas cada vez. De hecho, ya hay una transformación de la política de negocio y una mayor voluntad de conceder préstamos. Pero de momento, sólo se están concediendo a un tipo de actividades concretas (sobre todo el sector agroalimentario, al industrial y a los procesos de exportación) y a empresas de tamaño mediano, no tanto a las pequeñas. Sigue habiendo sectores marginados por la herencia de la crisis, caso de la construcción. Esto es una evidencia, no un reproche hacia nadie. El crédito de los bancos todavía no se ha universalizado y eso es algo que necesitamos para que la actividad se recupere y suba el consumo. Por lo menos, sí estamos percibiendo un nivel de confianza mayor.

¿Qué piensa de las últimas reformas aplicadas por el Gobierno?, ¿qué sigue faltando a su juicio para que la economía repunte de forma decidida?

La reforma fiscal va en la dirección correcta pero ha dejado en el olvido otras cuestiones que nos generan preocupación. Los principios están en buena línea: reducir la presión fiscal sobre el ciudadano fiscal. A las empresas, en cambio, no tanto, pese a la rebaja del Impuesto de Sociedades. Algo que siempre reivindico es una bajada de las cotizaciones sociales. En Francia, por ejemplo el primer ministro ya ha reivindicado un tratamiento favorable a las empresas para mejorar la contratación. En España, en cambio, nos cuesta mucho reducir esa presión, que se puede ir hasta el 40% a la hora de contratar a un trabajador. Tampoco hay armonización fiscal entre territorios ni un tratamiento favorable a la tributación de los extranjeros residentes, algo tan preferente para una zona como la Costa del Sol.

Otra cosa que viene reclamando es la modificación del entorno administrativo ¿Puede la burocracia llegar a desanimar a un empresario o a un inversor?

Invertir en Andalucía sigue siendo más complicado que en otros sitios. He hablado este verano con muchas personas interesadas en invertir pero me dicen que se encuentran con muchas taras y rigideces normativas. El intervencionismo es muy grande en la vida económica y laboral. Hablo sobre todo de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos, que en muchos casos no facilitan la propia inversión. Por ejemplo, a veces es difícil conciliar la normativa regional y la municipal para poner en marcha una simple nave industrial. Al final, lo que el empresario demanda es más facilidad para poner un negocio y un marco más competitivo. A veces es desesperante comprobar que se necesitan cuatro o cinco años para adaptarse e iniciar una actividad. Hay que simplificar el marco regulatorio, no promulgar tantas normas e intentar reducir la burocracia. Buscar la simplicidad.

¿Se ha arreglado el tema de la morosidad de las administraciones? Pese a los planes de proveedoras puestos en marcha por el Gobierno, los constructores de Málaga siguen reclamando 310 millones por vía judicial.

Sigue habiendo cuentas pendiente. El plan de pago a proveedores ha sido una de las medidas más acertadas del Gobierno. Pero aún hablamos de cifras relevantes en la deuda de las administraciones con las empresas. Yo diría que estaremos entre los 100 y los 150 millones correspondientes a bonos que quedaron fuera del circuito presupuestario, aunque hay que recordar que antes de los planes de pago a proveedores llegó a haber 500 millones de deuda. En esas cantidades no incluyo la deuda judicializada. Tenemos la esperanza, por supuesto, de terminar cobrando toda esa deuda por obras ejecutadas y no abonadas.

¿Cómo valora la inauguración del metro en julio?

Es una infraestructura que marcará un antes y un después en Málaga, que pasa de ser una ciudad grande a una gran ciudad. Hemos entrado en el selecto club de capitales que cuenta con este tipo de infraestructura y creo que todavía no somos muy conscientes de la importancia de este hecho. En dos o tres años veremos el efecto dinamizador del metro sobre Málaga. Lo veo como algo extraordinario aunque es una infraestructura que debe ser concluida con nuevos tramos y líneas. Ya hemos dado un primer paso y ahí están las primeras cifras de uso por parte de los ciudadanos, que han recibido el metro con un gran interés. El metro cambiará los hábitos de los malagueños. Ahora queda que la Junta y el Ayuntamiento se pongan de acuerdo para terminarlo.

La inversión en obra pública remonta en Málaga un 80% justo en año preelectoral ¿Sigue la economía plegada al interés de partido?

Tanto que habría que decir entonces «benditas elecciones». En toco caso, yo entiendo que hay un interés de las administraciones es ir normalizado la situación de la obra pública. Ha habido años muy duros de bajada de los presupuestos, en los que Málaga ha recibido por debajo de los 200 millones en licitación, cuando antes de la crisis recibía más de 1.000. Eran cifras casi irrisorias. Ese descenso de casi el 90% ha frenado el dinamismo. Si la obra pública está repuntando ahora por la cercanía de las elecciones pues nos parecerá bien, siempre que no haya una mala gestión. Hay que tener en cuenta que el gasto en obra pública es una inversión productiva. No queremos que haya más obras a costa del déficit pero sabemos que, a más obras, más empleo.

¿Qué impresión tiene de la polémica en torno a los cursos de formación y a la supuesta falta de fiscalización de las ayudas por parte de la Junta de Andalucía?

Que se ha creado una corriente de opinión a base de datos indiciarios y causas en fase procedimental. Y que se ha mezclado el tema de los cursos de formación con lo de los ERE cuando no tienen nada que ver. Hay una distorsión de la realidad. No todo el mundo que ha dado cursos ha realizado actitudes ilícitas. No se puede hablar de ello como una cuestión global. El tema de la formación ha sido necesario en Andalucía y ha dado buenos resultados. En la CEA defendemos que se necesitan programaciones para atender un nivel de demandantes de empleo alto que requieren de una formación ágil y eficaz.

¿Daña la imagen de los empresarios?

Siempre hay comportamientos espúreos pero no se puede generalizar. Y cuando se habla de corrupción parece que sólo existe Andalucía. Han ocurrido circunstancias similares en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. También en Madrid. No todo lo negativo ocurre en Andalucía. Si ha habido irregularidades que se actúe con contundencia. Pero lo que no puede haber es un batiburrillo con estos temas.

¿La CEA está a salvo en este tema?

Lo que sé desde que soy presidente es que las actividades ejecutadas lo fueron adecuadamente y que se cumplieron con todas las normas de control a base de auditorías exhaustivas. Otra cosa es que haya caso concretos donde pueda darse cualquier elemento. Pero yo tengo la conciencia tranquila de que se ha actuado con la mejor de las intenciones y que el nivel de inserción de los cursos sido excelente. En todo este asunto hay más una percepción global. Volvemos a lo de siempre: se criminaliza a todo el mundo y ése el error. Ojalá todo este asunto se aclare. Nosotros no tenemos nada que temer.