El trabajo judicial en la causa que investiga el fraude en los cursos de formación va avanzando. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que investiga la supuesta malversación de fondos de formación para desempleados, ha dividido el caso en dieciséis piezas separadas.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron ayer que el instructor había adoptado dicha decisión para agilizar el procedimiento después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara a finales del año pasado. Las irregularidades que se barajan en el supuesto fraude de los cursos de formación podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones.
El grueso de la investigación se centra en las subvenciones del programa para el empleo con contratación en el 2010 por un montante total de 1,7 millones de euros. Aunque, hay que precisar, que no toda esta cantidad ha sido irregular. Las diligencias de la investigación se centran en diecisiete de las veinte empresas que obtuvieron subvenciones públicas en dicha convocatoria. Dentro de estas empresas que han podido actuar de forma fraudulenta se encuentran sociedades que van desde academias a escuelas de masajes con objetivo social en el que indicaban «actividad educativa y formativa».
Aunque las diligencias de investigación se centran en diecisiete empresas, dos de ellas se han agrupado en una misma pieza separada por tener vínculos. Por eso el juez instructor lo ha dividido en dieciséis piezas. Además, el instructor ya tiene en su poder el atestado policial de otra convocatoria de ayudas, de noviembre del 2010, en la que los investigadores también han detectado supuestas irregularidades en las subvenciones de distintas empresas.
El caso se inició tras las irregularidades detectadas por la Seguridad Social, que fue lo que activó la alarma y provocó la investigación por parte de la UDEF.
La investigación del presunto fraude en los fondos de formación para desempleados se inició a raíz de una denuncia de la sesión de la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF).
Esta unidad, tras investigar el caso, ratificó las supuestas irregularidades que se detectaron, entre ellas falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se le concedieron los fondos y también un supuesto incumplimiento en la contratación del sesenta por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia. Los agentes también determinaron en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.
Las elecciones andaluzas del 22 de marzo coinciden con la instrucción de las anomalías en los cursos de formación. Hay que recordar que también sigue en el aire la instrucción por los casos de corrupción de los ERE fraudulentos que instruye la juez Mercedes Alaya. Respecto al caso de los ERE, que acumula 229 imputados, los nueve políticos andaluces señalados por la juez están pendientes de las decisiones que tomen el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La juez ya envió sendas exposiciones razonadas por la calidad de aforados de todos ellos.
El Supremo investigará lo relativo a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como de los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y Mar Moreno. El TSJA, por su parte, no tomará ninguna decisión respecto a los cuatro aforados andaluces hasta que se constituya el nuevo Parlamento.
