Los ingresos municipales están recibiendo un notable respiro este año, con una mejora de las cifras provinciales, ya que las arcas municipales han recibido 220 millones de euros más que en el ejercicio de 2015, una cantidad importante y que permite potenciar distintas áreas de la actividad de los consistorios malagueños. El problema es que no terminan en destinos productivos, sino alimentando la maquinaria burocrática.

Los datos del Ministerio de Hacienda indican que este dinero no ha terminado en inversiones ni en financiar servicios municipales. Al contrario, esta mayor disponibilidad ha disparado los gastos un 22,5%, pero el gasto en personal se afianza como principal destino, con 716 millones de euros, mientras que la inversión cae hasta el 7% del total.

Los ayuntamientos malagueños, en la liquidación provisional registrada por el Ministerio, han contabilizado unos ingresos de 1.804 millones de euros, frente a los 1.584 millones del año 2015. Esto ha representado un alivio para los consistorios. Lo curioso es que estos recursos han ido acompañados por una brusca caída del dinero destinado a inversiones, mientras el gasto en personal se apunta a engrosar sus cifras. Esta partida, destinada a sueldos de funcionarios y cargos de confianza, es la más importante de los presupuestos municipales, con 716 millones de euros previstos para gastar en este ejercicio, lo que la convierte en la más voluminosa.

Es cierto que este año se da la circunstancia de que los funcionarios han recuperado parte del recorte salarial aplicado en el año 2012, pero también muestra la pervivencia de una estructura municipal muy importante que se creó en los años de bonanza económica y que apenas ha sufrido mermas desde 2008. De hecho, los recortes se han cebado en la inversión, que ha pasado de los casi 600 millones presupuestados por los ayuntamientos en 2009 a los 124 millones liquidados hasta el momento, según el avance del Ministerio de Hacienda para este año. Por contra, el gasto de personal sigue rondando los 700 millones anuales desde 2009, salvo en 2012 cuando se aplicaron los recortes salariales que ahora se quieren recuperar y que supuso bajar de los 700 millones.

Esto demuestra que los distintos planes de control presupuestarios de los ayuntamientos han sido dirigidos a rebajar el gasto corriente (mantenimiento de edificios y servicios municipales) y la inversión. El gasto en las estructuras internas apenas ha variado, manteniéndose plantillas que en muchos casos están sobredimensionadas.

Ayuntamientos. Analizando los datos del Ministerio de Hacienda sobre la liquidación de los presupuestos municipales en 2016, hay quince ayuntamientos malagueños que destinan más de la mitad de su recursos anuales a gasto de personal. De entre ellos hay un municipio que destaca y es Manilva, donde el 62,95% de sus ingresos terminan para cubrir esta partida.

El resto de localidades son: Coín, con el 52,28%; Algarrobo (50,05%), Almargen (55,76 %), Ardales (51,06%), Benarrabá (53,22%), Casares (52,28%), Cortes de la Frontera (57,64%), Istán (50,40%), Jubrique (59,21%), Marbella (59,57%), Ojén (55,90%), Pizarra (50,50%), Pujerra (55,88%) y Sierra de Yeguas, con el 50,67%.

De entre los grandes municipios, Málaga capital ha ido rebajando su carga financiera a costa de reducir las inversiones a la mínima expresión (sólo un 4,3% del total) y también la carga laboral, que apenas consume el 34,54% del presupuesto. No obstante, sus cuentas, salvo en el apartado de las inversiones, son muy equilibradas, ya que el otro gran gasto presupuestario, el gasto corriente, no supera un tercio del total.

Benalmádena, por su parte, ha reducido la inversión a la mínima expresión, con apenas el 2% del total, mientras se aplica un riguroso plan para adelgazar su endeudamiento.

El lado más positivo lo muestran en Estepona y Fuengirola, con un gasto en inversión que suele rondar el 10%, mientras que el gasto en personal está muy por debajo de la media provincial, que ronda el 36%.

Además, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande cuentan con una importante carga inversora, del 17% y el 22%, respectivamente, triplicando la media provincial de inversión, que alcanza el 7%.