El concejal portavoz de Adelante Málaga en el Ayuntamiento, Eduardo Zorrilla, reclama al equipo de gobierno de PP y Cs que «ponga en marcha con carácter urgente medidas desde el ámbito de las competencias económicas y sociales del Ayuntamiento para reforzar desde lo local el escudo protector de medidas dictadas desde el Gobierno de España».

Zorrilla incide en que el modelo económico basado en la industria turística y los servicios «deja en una especial situación de indefensión a muchos trabajadores y autónomos malagueños que se han visto obligados al cierre de sus establecimientos y al cese de su actividad. El Gobierno ha puesto en marcha medidas de protección, pero consideramos que tendrían que ser complementadas con otras de ámbito municipal como la exenciones en el pago de impuestos y tasas municipales, como el IBI, para las personas y empresas que han perdido el empleo o han tenido que parar en seco su actividad económica».

Asimismo, el portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento, solicita al alcalde, Francisco de la Torre, «diligencia en la tarea de fiscalización de los contratos con las empresas prestadoras de servicios en instalaciones municipales que han sido cerradas, tales como museos, bibliotecas o complejos deportivos, para que no se produzcan despidos de los trabajadores. El Ayuntamiento no puede permitir la destrucción de empleo en el sector público, como nos consta que está empezando a ocurrir, esta es una consecuencia del modelo de privatización de servicios esenciales, cuyas consecuencias negativas afloran en situaciones de emergencia como la actual».

Por su parte, la concejala portavoz adjunta de Adelante, Paqui Macías, solicita que «aprovechando el marco aprobado por el Gobierno de España, que abre la posibilidad a los ayuntamientos de financiar, con una cantidad igual a la cuantía del superávit del ejercicio de 2019, las ayudas económicas y las prestaciones de servicios gestionadas por los servicios sociales de atención primaria y a la dependencia, se elabore un plan de atención social urgente para dar respuesta a las necesidades esenciales de las familias y las personas dependientes y más vulnerables de Málaga, las actuales y las que van a ir surgiendo según avancen los días de estado de alarma, entre ellas un plan de alquiler social para garantizar el derecho a la vivienda en estos momentos en el que se pide a las personas que se queden en casa».

Macías apunta otras medidas necesarias como «el reforzamiento del área de Igualdad, para la atención con todas las garantías a las mujeres víctimas de violencia de género, sobre todo en estos días en los que las necesarias medidas de confinamiento en los domicilios pueden agravar algunas situaciones de violencia. Así como la difusión de teléfonos».