Fernando Fernández Tapia-Ruano, delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga, explicó ayer a este periódico que la cartera de obras que prepara el Gobierno andaluz con el fin de aminorar los potenciales riesgos de sufrir inundaciones en el entorno de la desembocadura del Guadalhorce podrían comenzar en octubre y logrará que el 60% del polígono industrial homónimo quede exento del riesgo de sufrir estas inundaciones.

«En octubre podría estar iniciándose la obra», dijo. Ahora, el plan de actuaciones blandas, valoradas en 8,9 millones de euros, con el fin de mitigar la inundabilidad en el Guadalhorce, va a ser financiado con 9 millones de euros de fondos europeos que ha obtenido la Junta. «Es el proyecto de defensa del Guadalhorce», recalcó. Hace unos días terminó la fase de presentación de ofertas y en breve se reunirá la mesa de contratación. «Antes de final de año iniciaremos las obras de defensa», reseñó.

Este plan evita un gasto de 60 millones de euros en un proyecto más ambicioso para reducir totalmente la inundabilidad, que pasaría, explica, fundamentalmente por quitar o sustituir el puente de la Azucarera, una obra estatal. El Ayuntamiento, relata, encargó a una consultora malagueña que hiciera un proyecto. «Fue de la mano de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma)». Se buscaba un plan «más barato, low cost» y la consultora planteó seis o siete actuaciones aisladas que son las que se contienen en esta memoria constructiva. «Aumentar la mota de defensa en el margen izquierdo, aumentar el cajón del río, de forma que el flujo del río Guadalhorce tenga más capacidad de evacuación. Que cuando hay temporal y se suma el aporte de los ríos tributarios, el lecho del río tenga más capacidad, de forma que así logremos que el 60% del polígono esté exento del riesgo de sufrir inundaciones».

«Hay que destacar que, después de muchos años, esta administración autonómica ha sido capaz de hacer suyo el problema para solucionarlo y buscar nueve millones de euros», destacó.

Fernández Tapia-Ruano también destacó que ahora se están configurando los mapas de peligrosidad y riesgo de inundabilidad, siguiendo las directrices europeas que obligan a ello en el periodo 21/27. Hay tres fases para ello: la primera es de análisis, «hay que analizar las zonas donde existe el riesgo de inundabilidad, y hay un riesgo importante de inundabilidad en el Guadalhorce. La segunda fase, en la que estamos, es la elaboración del mapa de riesgo, ahora en información pública y existen tres meses para presentar alegaciones. Y se ha determinado una zona de inundabilidad. Y la tercera fase es el plan de gestión del riesgo de inundabilidad donde habrá medidas correctoras y de prevención». «Hemos catalogado esa zona, y se da seguridad jurídica, porque quien conozca el detalle al adquirir un suelo en la zona sabrá las medidas correctoras y de prevención a adoptar, y, una vez catalogada la zona, se pueden obtener fondos europeos para combatir» el problema, explica.

«Es una obligación europea que debemos hacer. El lunes nos reuniremos con Apoma, el Ayuntamiento y la delegada del Gobierno para explicar en qué consiste este proceso. Parece haberse ampliado la zona de influencia porque ahora se ha estudiado con gran detalle, con técnicas más modernas. Naturalmente, después de los análisis y los estudios, se establece esa mancha, es la real, y hay que actuar sobre eso. Nos da un nivel mayor de precisión, coincide la realidad con los informes técnicos, sabiendo la realidad de esa zona podremos actuar sobre ella», recalcó el delegado.