Investigan a medio centenar de personas por delitos urbanísticos por toda la provincia de Málaga

La Guardia Civil investigó el año pasado a 46 personas, entre las que hay promotores, constructores y técnicos directores, por su presunta implicación en delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo en la provincia de Málaga. Según ha informado el instituto armado, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) realizaron a lo largo del ejercicio pasado 179 inspecciones en todas las comarcas de la provincia que arrojaron un total de 192 infracciones administrativas, principalmente por carecer de licencia urbanística, no ajustarse al proyecto y/o a la licencia, movimiento de tierras, etc. "Todas las denuncias han sido remitidas a los respectivos ayuntamientos, quienes ostentan las competencias en materia de disciplina territorial y urbanística", ha explicado la Comandancia de Málaga a través de un comunicado.

De las actuaciones realizadas que atentan contra el suelo destaca la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos en espacios protegidos, la instalación ilegal de casas prefabricadas con fines residenciales, la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego, la creación de barbacoas con fines recreativos sin justificación o la construcción de naves de aperos y su posterior cambio de uso en una vivienda residencial, entre otras.

Inspecciones en toda la provincia

En sus actuaciones, los agentes observaron la supuesta comisión de 30 delitos urbanísticos en las poblaciones de Ronda, Mijas, Ojén, Casares, Estepona, Manilva, Coín, Pizarra, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Álora, Alozaina, Canillas de Aceituno, Rincón de la Victoria, Tolox, Competa y Torremolinos. Las diligencias instruidas por estos delitos han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.

Las inspecciones se llevaron a cabo bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medio Ambiente en la denominada operación Murus. El objetivo de la misma es combatir los atentados contra la ordenación del territorio y el urbanismo para proteger el medio ambiente, el patrimonio histórico-artístico y el paisaje, así como para garantizar un desarrollo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia de Málaga.

Durante la investigación se ha contado con la colaboración de los Servicios de Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como de los Servicios Técnicos de los ayuntamientos implicados, los cuales han certificado la clasificación de los suelos y la ilegalidad de las construcciones y edificaciones.