El pleno de Málaga aprueba modificar el PGOU para limitar las viviendas turísticas

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga rechazó ayer con los votos del equipo de gobierno y de Vox la iniciativa urgente del PSOE en la que, entre otros puntos, proponían declarar la ciudad zona tensionada de alquiler. Tampoco salió adelante de la moción socialista reconocer la existencia de un grave problema habitacional en la ciudad y su área metropolitana, ni pedir a la Junta de Andalucía «poner remedio a la situación dramática que sufren muchas personas en la provincia». Sin embargo, el pleno sí dio el visto bueno a uno de los puntos de otra moción del PSOE sobre regular las viviendas de uso turístico en la ciudad con arreglo al nuevo decreto de la Junta. Dicho punto, aprobado tras aceptar una enmienda del PP, recoge la modificación del PGOU para limitar las viviendas turísticas. Otro punto, que no salió adelante, pedía una moratoria en la concesión de viviendas turísticas «que frene su proliferación, que tensiona el precio de la vivienda».

Durante el debate, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, insistió en que «el principal problema de la ciudad es la falta de vivienda, ya sea en compra o alquiler». «Es imposible comprar ni alquilar» como consecuencia «de las políticas del PP y del alcalde», dijo.

Así, aludió a la subida del precio de la vivienda en la ciudad de Málaga en los últimos años y advirtió de que los malagueños «están siendo expulsados», por lo que «no se puede mantener esta situación ni un minuto más». Pidió, por tanto, que el Ayuntamiento «reconozca que tenemos un problema habitacional; declarar zona tensionada de alquileres, que es imperioso, y que la Junta, que es competente, haga algo».

Pérez también destacó la gestión del Gobierno central en la construcción de vivienda y acusó al Consistorio de ser «un promotor privado» que está «ausente» cuando se tiene que «preocupar de los malagueños». «Pongámonos manos a la obra», incidió el portavoz municipal del PSOE.

Por su parte, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, dejó claro que la vivienda es también la principal preocupación del grupo ‘popular’, suya y del alcalde, pero «no de ahora, desde hace mucho tiempo» y defendió la gestión del equipo de gobierno frente a la del Gobierno central y lo que hacía el PSOE cuando estaba en la Junta de Andalucía.

«Un total de 5.331 viviendas construidas. Ese es nuestro balance, 5.331 viviendas. No solo preocupados, también ocupados», subrayó Pomares, insistiendo en la construcción de «viviendas dignas, asequibles y accesibles; ahí espero al PSOE, no en esta moción, en conseguir viviendas y a pie de obra», afirmó. Pomares recordó el plan municipal de vivienda 2023-2027, «que tiene el apoyo del sector de la construcción, del BEI, del de Sepes, del Ministerio de Vivienda... solo faltan ustedes». «Cuando dejen de pensar en su malograda carrera política, únanse, que estaremos dispuestos a construir con ustedes y solucionar los problemas de los malagueños», dijo.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, aludió a la moción sobre regular las viviendas turísticas y tiró de hemeroteca para recordar a Pérez las declaraciones del consejero de Turismo en 2018, por lo que le pidió que «cuando planteen iniciativas, repasen la hemeroteca, por los cambios de opinión, que son marca de su casa».

La concejala de Vox Yolanda Gómez criticó que parezca «el día de la marmota», ya que «una y otra vez» se traen mociones de vivienda». En su intervención ha preguntado al PSOE «cuántas viviendas hicieron cuando gobernaban en la Junta» y rechazó la moción de los socialistas, criticando, entre otros, la Ley de Vivienda del Ejecutivo central.

Por su parte, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, se preguntó «por qué España está a la cola de vivienda publica» y dijo que «los expertos señalan que esto no se debe a una característica antropológica del español, sino a un tipo de política pública que se ha desarrollado en materia de vivienda» y «señalan como principal factor una absoluta connivencia entre el poder político, económico, de sectores vinculados a promotores, constructores y especuladores de suelo».