La familia que será desahuciada el miércoles pide a la Junta de Andalucía más tiempo

La familia de Saray D. ha pedido a la Junta de Andalucía que interceda ante el juzgado para evitar que este miércoles 29 de mayo culmine el desahucio de esta madre de tres hijos menores y de su marido, Manuel M. 

La familia ocupa desde hace 15 años un local de AVRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta, en el número 2 de la calle Nicolás Maquiavelo, en Cortijo Alto, que Manuel transformó en vivienda. 

Es el segundo intento de desahucio después de uno primero en 2019, cuando la madre, estando su marido en prisión, volvió al piso con sus dos niñas pequeñas al no tener donde vivir.

«Les pediría que frenaran el desahucio, que lo que no pueden es echar a unas criaturitas a la calle», reclamó este lunes Eduardo D., hermano de Saray, en referencia especialmente a sus tres sobrinos, dos niñas de 14 y 13 años y un niño de 9 meses. El hermano recalcó que no tienen adonde ir: «Si se produce el desahucio van a la calle y no tienen donde meterse». 

Asistencia al pleno de mayo

Eduardo D. explicó que si la desahuciaran, su hermana tratará de acudir al día siguiente al pleno municipal de mayo, dado que pudo intervenir en el del pasado mes de abril y como recordó la propia Saray a este diario, «el alcalde nos dijo que iba a buscar una solución y el concejal Paco Pomares -responsable de Vivienda- que hablaría con la Junta».

El hermano de la mujer desahuciada también recordó que el artículo 47 de la Constitución establece el derecho a una vivienda, algo que pidió para la familia de su hermana.

Cuando el desahucio llega después de 15 años

Eduardo D. hizo hincapié en que sus tres sobrinos no han conocido otra casa que la de Cortijo Alto en la que sus padres llevan viviendo 15 años y que la salida de la vivienda también supondría tener que buscar nuevos colegios para ellos. 

Además, recordó que la situación de su cuñado Manuel M. es muy delicada, dado que se encuentra en tercer grado penitenciario con pulsera telemática «y si no tiene domicilio tiene que volver» a prisión, para terminar de cumplir cuatro años de condena de un total de 16. «Él sigue en su trabajo esperando ver qué pasa el miércoles», indicó.

En un serio aprieto

Como explicó, su cuñado,Manuel M. se gana la vida en la obra y su reingreso en prisión supondría poner en un serio aprieto económico a su mujer, Saray, que no trabaja y a sus hijos. «Hace un año le dieron el Ingreso Mínimo Vital pero cuando mi cuñado empezó a trabajar lo dejó de percibir, así que se mantienen con el sueldo de él», detalló. 

Eduardo D. aprovechó para desmentir, como aseguraron a este periódico fuentes de la Consejería de Fomento el pasado día 22, que AVRA haya ofrecido en múltiples ocasiones alternativas a su hermana y su familia: «AVRA nunca se ha puesto en comunicación con mi hermana, la única vez fue cuando la demanda para el juzgado por el desahucio».

Por último, también hizo referencia a la ayuda al alquiler que su hermana y su familia recibieron durante tres años del Ayuntamiento de Málaga, una prestación que no pudieron hacer efectiva porque en ese tiempo no lograron encontrar un propietario que aceptara la ayuda del Consistorio. «Todo lo que es el alquiler social no lo quiere nadie porque no hay garantías de pago», lamentó y reiteró que su hermana, su cuñado y sus sobrinos necesitan «un techo».

Por su parte fuentes del grupo municipal Con Málaga informaron ayer a este diario de que ni el Ayuntamiento ni AVRA han contestado a sendos escritos de la portavoz del grupo, Toni Morillas, en los que se interesaba por el futuro de esta familia.  

En declaraciones a La Opinión, el pasado día 22, Saray D. y Manuel M. de 37 años explicaron que se fueron a vivir a un local, como otras familias del mismo inmueble, «porque no teníamos donde vivir». Saray D. lamentó que AVRA sí haya encontrado casa para cuatro familias en circunstancias similares y que a la suya quieran desahuciarla.

El pasado día 22 fuentes de la Consejería de Fomento indicaron que ni AVRA ni el juzgado conocían que Manuel M. debe volver a la cárcel si no aportaba un domicilio y subrayaron que personal de AVRA se había reunido con los afectados «en múltiples ocasiones» para ofrecerles alternativas y la respuesta siempre fue «negativa». Mañana miércoles se sabrá si el desahucio se hace o no realidad.