La Junta no frena el desahucio de la familia con tres hijos menores

Agentes de la Policía Nacional y agentes judiciales ejecutaron en la mañana de este miércoles el desahucio ordenado por el Juzgado de Primera Instancia de Málaga de Manuel M., Saray D. y sus tres hijos menores, dos niñas de 14 y 13 años y un niño de 9 meses. La familia vivía desde hacía 15 años en el número 2 de la calle Nicolás Maquiavelo, en Cortijo Alto. 

La vivienda, propiedad de AVRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, era en realidad un local adaptado por Manuel, que es albañil,

Cuando el desahucio llega después de 15 años

Se daba el caso de que ya hubo un primer desahucio en 2019, pero tras un par de días en un albergue, Saray D. volvió a entrar en la vivienda, al alegar que no tenía donde vivir con sus dos hijas pequeñas, pues su marido se encontraba en la cárcel.

Fuentes próximas al caso explicaron que al tratarse del segundo desahucio, AVRA se negó a aplazar siquiera la salida de la familia.

Intentando rehacer su vida

Se da la circunstancia además de que Manuel M. está en tercer grado penitenciario con vigilancia mediante una pulsera telemática y llevaba un año trabajando como albañil por lo que ahora teme volver a prisión al no poder aportar un domicilio.

«El plazo terminaba hoy, no sé qué va a pasar, no sabemos dónde ir», confesaba. Como informó La Opinión, la familia desahuciada se quejaba de que la Junta de Andalucía había dado viviendas a cuatro familias de su mismo inmueble en circunstancias parecidas. «Los demás llevaban menos tiempo y les dieron a elegir entre tres viviendas. Yo sólo quiero un techo para poder meterme con mis hijos», remarcó, al tiempo que volvió a negar, como aseguraron a este periódico fuentes de la Consejería de Fomento el pasado 22 de mayo, que la Junta le hubiera ofrecido alternativas y que ellos se hubieran negado. 

A su lado, Saray D. explicó que sus dos hijas menores llevaban varios días sin dormir y que no habían querido acudir esa mañana al instituto, avergonzadas por su situación. 

Apoyos a la familia desahuciada

También acudió a apoyar a la familia y tratar de mediar la exconcejala Rosa Galindo, en representación del colectivo de mujeres ‘Derecho a un techo’. Galindo criticó que «la Junta de Andalucía es la institución responsable de defender a la familia y a los menores y acaba de desahuciar a una familia con tres niños y además, sin absolutamente ninguna alternativa habitacional». 

La exconcejala censuró a la administración autonómica «porque a partir de ahora, esta familia se verá obligada a vivir en el más absoluto ostracismo» e hizo hincapié en que «no se puede normalizar que estén echando a niños y niñas a la calle diariamente, sin alternativa habitacional». Por último, criticó que la Junta se ampare en que la familia vive en un local, «cuando entre el año 21 y 23, el Ayuntamiento dio licencia a más de 800 locales, la mayoría para apartamentos turísticos».

Por su parte Eduardo D., hermano de Saray, confirmó que ella tratará de intervenir en el pleno municipal de mañana, como ya hizo en el de abril, cuando el alcalde y el concejal de Vivienda Francisco Pomares le ofrecieron su ayuda.