La Policía Nacional ha desarticulado en Marbella la cúpula de un entramado presuntamente dedicado a realizar falsas contrataciones de personas en situación irregular que cumplieran los requisitos de la Legislación de Extranjería y así obtener permisos de residencia y trabajo con los que poder acceder a todo el Espacio Schengen.

Según la Policía Nacional, los investigados utilizaban una empresa ficticia para lograr su objetivo y la operación suma seis detenidos en la ciudad malagueña, donde los cabecillas operaban en una gestoría oculta en la trastienda de un salón de belleza. Allí ofertaban permisos de residencia y trabajo a inmigrantes irregulares asentados en distintos puntos del país. El resto de arrestados se reparten por Algeciras, Barcelona, Gijón, Almería, Madrid, Albacete y Granada, a quienes con posterioridad se les solicitó la revocación de los permisos de residencia fraudulentamente obtenidos.

La investigación se inició tras detectarse en Algeciras diversos inmuebles en el que había empadronadas personas extranjeras y a los que los propietarios de esas viviendas manifestaban no haberles arrendado el mismo, justificándose las altas en la Oficina del Padrón de la ciudad gaditana a través de contratos de arrendamiento simulados, los cuales eran presentados telemáticamente ante la sede electrónica del Ayuntamiento de Algeciras.

El estudio de los expedientes de los extranjeros empadronados en esos pisos permitió comprobar que los solicitantes carecían de cualquier tipo de arraigo en la ciudad. Todos procedían de domicilios de la Costa del Sol y Almería y utilizaban el mismo modus operandi en el procedimiento para justificar los medios de vida: una empresa ficticia y una misma persona que las representaba ante la Oficina de Extranjeros. Las gestiones revelaron que contrataron los servicios a un gestor de Marbella que cobraba entre 2.500 y 5.000 euros por la posibilidad de regularizar su situación en España. «Los extranjeros accedían debido a su vulnerable situación y por desconocer las leyes en materia de extranjería», ha explicado la policía antes de añadir que las víctimas llegaban incluso a vender sus pocos bienes o endeudar a sus familiares de su país de origen para poder abonar la deuda. El gestor también ofrecía a estas personas la posibilidad de subsanar los gastos de la obtención del permiso de residencia con el posterior cobro de prestaciones de desempleo, ya que muchos pedían con posterioridad distintas prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.

El entramado ofertaba altas simuladas en empresas de Marbella junto a empadronamientos ficticios en Algeciras para que los permisos de residencia fueran solicitados en la provincia de Cádiz y no en la de Málaga, donde el jefe del entramado ya era conocido por las instituciones donde se tramitan estas gestiones. «Ofertaba varias modalidades para que los inmigrantes regularizaran su situación dependiendo de qué requisitos de los recogidos en la Ley de Extranjería cumplían y el eje fundamental era el alta en una empresa simulada de venta al por menor que controlaba este gestor», han abundado. En unos casos, además del alta ficticia, los ponían en contacto con nacionales para constituir matrimonios de conveniencia. En otros casos, para demostrar el tiempo de permanencia en España, simulaban certificados de empadronamiento de Cataluña, Islas Baleares, País Vasco o Valencia, donde, al existir cooficialidad de lenguas, estos certificados se expedían en idioma desconocido por los funcionarios de las Oficinas de Extranjeros, dificultando así su comprobación.

Para dificultar las labores de investigación policial, los investigadores aseguran que enmascaraban todas las solicitudes a través de las distintas sedes electrónicas con la colaboración de dos letrados colegiados en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, circunstancia que les ayudaba a no levantar sospechas ante la Oficina de Extranjeros.