El PSOE plantea valorar si Marbella es una zona residencial tensionada

El PSOE anunció ayer que elevará a la sesión plenaria de mayo, que la Corporación municipal celebrará la próxima semana, una moción para que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a que estudie si los núcleos urbanos de Marbella y San Pedro Alcántara son zonas residenciales tensionadas.

La propuesta del PSOE recogerá que, si cumple con los criterios, el municipio se acoja a la Ley de Viviendas, aprobada por el Gobierno central hace un año, que contempla un índice de precios de referencia para aliviar el acceso a las viviendas, especialmente a los colectivos con más dificultades, como jóvenes o trabajadores que cubren vacantes en Marbella, como agentes de policía, sanitarios o docentes.

Entre las variables que las administraciones públicas evalúan para determinar si un municipio sufre tensiones en su mercado inmobiliario figuran el precio de compra o alquiler de las viviendas de los últimos cinco años, la cuota de la hipoteca o si los gastos de alquiler superan el 30 por ciento de los ingresos o rentas medias de los hogares.

«Además, queremos también que se contemplen otros indicadores y variables necesarias que diagnostiquen la falta de oferta insuficiente de vivienda para la ciudadanía», señaló la portavoz socialista y diputada nacional, Isabel Pérez.

Según la edil, exdelegada de Urbanismo entre 2015 y 2017, Marbella y San Pedro Alcántara «atraviesan una grave crisis en relación al acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos, hasta el punto de que este problema se sitúa como el principal en el municipio ante la falta de políticas por parte de la alcaldesa», Ángeles Muñoz.

«Resulta evidente que los precios de la vivienda son muy altos en Marbella y San Pedro, por lo que pueden ser declaradas zonas tensionadas para poder adoptar estas medidas», agregó.

En opinión de la formación socialista, Marbella podría beneficiarse de una ley estatal cuyo objetivo prioritario es «facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible», indicó la concejala.

La norma recoge que los arrendatarios que rebajen un cinco por ciento las renta tendrán bonificaciones fiscales que ascienden al 90 por ciento; se beneficien de una deducción del 70 por ciento si alquilan por primera vez a inquilinos de 18 a 35 años; o descuentos de hasta el 60 por ciento en obras de mejora o de rehabilitación.

«La ley establece diferentes mecanismos. Uno de ellos es el que gira alrededor de las zonas tensionadas de mercado. Así, el texto recoge que las comunidades autónomas podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado», apuntó la concejala socialista.