Volver a casa en los tiempos que corren no es ya algo que forma parte de nuestra rutina una vez que han terminado las vacaciones. Volver a casa se ha convertido en un privilegio de unos pocos, dejando de ser una garantía y un derecho fundamental que tenemos todos los españoles. La crisis económica a la que nos han llevado los que gobiernan el destino de nuestro país, con una elevadísima tasa de desempleo y pocas perspectivas para los que empiezan a acceder al mundo laboral, los jóvenes, ha conllevado igualmente los aumentos de los impagos de los prestamos hipotecarios con los que la mayoría adquirimos una vivienda familiar.
Esta crisis ha provocado que el número de ejecuciones hipotecarias haya aumentado más de un 8% durante los 9 primeros meses del año 2010, hasta alcanzar los 71.187 casos, el triple que en todo el año 2007, antes de que empezaran los problemas económicos, según el Consejo General del Poder Judicial. EL máximo volumen de ejecuciones hipotecarias se alcanzó en el primer trimestre de 2010 cuando el número de demandas llegó a 27.561. Los jueces han advertido de que la situación puede ser aún más dramática de lo que parece, ya que una única petición, un solo procedimiento que afecte a una familia, puede conllevar la subasta de varios bienes, en función del importe de la deuda a la que responde.
En nuestro país no son unos pocos, sino decenas y decenas de ciudadanos que hasta hace unos meses tenían un trabajo bien remunerado, y una situación económica bastante desahogada, los que no pueden seguir pagando sus hipotecas. Son múltiples las llamadas de socorro que se vienen repitiendo por las asociaciones de afectados, por los medios de comunicación y por el Consejo General del Poder Judicial, sin que de momento se haya recibido una respuesta, sin que se haya instrumentalizado una sola medida con soluciones concretas que paren esta situación tan dramática para miles de familias.
Y no se ha instrumentalizado ninguna medida, porque la rebaja del IVA del 8% al 4%, anunciada por el Gobierno a tres meses de las elecciones, lejos de beneficiar a las familias españolas que tienen serios problemas para poder seguir adelante, favorece a la banca. Esta medida, permite que las entidades financieras den salida a la abultada cartera inmobiliaria con la que no saben que hacer. Una «medida coyuntural y excepcional», como ha sido anunciada es la que necesitan las familias españolas, porque lejos de dar salida al stock de la vivienda nueva lo que demandan la familias es que se adopten medidas que les permitan seguir viviendo en la que están a punto de perder.
No articular medidas para todos es seguir mirando para otro lado e ignorar que la tasa de desempleo de nuestro país es la más alta de la eurozona. Es seguir ignorando la injusticia del procedimiento de ejecución en el que se ven inmersas miles de familias, y es seguir ignorando una solución como sería la reforma de la ley hipotecaria para instrumentalizar como verdadera «solución coyuntural» la dación en pago.
Es esa medida una posible y necesaria salida para la ejecución hipotecaria, cuando el banco embarga la vivienda por el impago de las cuotas y el deudor está obligado a seguir pagando. Si bien, la daciones en pago, es una opción amparada por la ley, es poco frecuente su aplicación. Se trata, dado el desamparo institucional en el que nos vemos inmersos, de llegar a un acuerdo con la entidad financiera a los efectos de que nos permita saldar la deuda entregando la hipoteca, tal y como se lleva a cabo en países como Estados Unidos, donde el procedimiento se conoce con el nombre de «efecto sonajero» desde que se destapó la crisis.
La Plataforma de Afectados por la hipoteca es el colectivo más activo en esta materia a los efectos de que la dación en pago se aplique de manera preferente a los deudores de buena fe y en caso de primera residencia. En el otro extremo yo situaría a nuestros gobernantes, que a pesar de las demandas existentes por la sociedad no instrumentalizan medidas a través de las necesarias reformas legislativas, para que toda la responsabilidad no recaiga sobre la parte más débil.
No se trata de dar salida a la cartera inmobiliaria de los bancos, señorías, sino de que ni una familia más no pueda volver a casa. Y mientras ustedes no instrumentalizan las medidas que se aplican en el resto de los países, las familias desesperadas se verán obligadas a llamar a los indignados para que materialicen su rechazo ante la desasistencia vergonzosa a la que nos tienen habituados. Porque se trata de que podamos seguir volviendo a casa, como ustedes lo hacen cada día.
Ana Avellaneda es abogada, mediadora de familia y madre
