En el informe del Instituto Internacional de Prensa (IPI) sobre la libertad de prensa en España (junio 2015) se hace referencia a un documento publicado en marzo del presente año por el IPI, Access Info Europa, la Federación Europea de Periodistas, y Reporteros Sin Fronteras España, en el que se identifican, entre otros, los siguientes problemas relacionados con la libertad de expresión en nuestro país: a) la aparición de nuevas leyes restrictivas, como la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley «Mordaza»; b) la falta de independencia de la radiotelevisión pública española (RTVE); c) la ausencia de un regulador independiente de radio y televisión a nivel nacional; d) la necesidad de mayor transparencia en la asignación de la publicidad institucional; e) una ley de transparencia que no cumple con los estándares internacionales; y f) la existencia de leyes penales de difamación. En el mismo mes de marzo, la recién creada Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) alertaba igualmente de las crecientes amenazas a la libertad de expresión, poniendo especial atención en los derechos y libertades digitales.
En un país con una democracia supuestamente consolidada como el nuestro, la existencia de estos problemas o carencias relacionados con la libertad de expresión dibujan un escenario inquietante desde el punto de vista político, pues como es sabido no existe democracia sin libertad de expresión. Esta situación debería preocupar a nuestros gobernantes y líderes políticos, quienes, por el contrario, son los responsables de ella, porque tienen en su mano la posibilidad de garantizar éste y otros derechos fundamentales a los ciudadanos. Es cierto, que en democracia la política como arte de lo posible es el resultado de la correlación de fuerzas en los órganos de representación, y que la dialéctica que se produce entre las distintas fuerzas es lo que permite la acción de gobierno. Pero en una democracia consolidada son diversos los derechos que han de estar garantizados por encima de las contingencias de la política: el derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la luz y el agua, a los alimentos o a la libertad de expresión en su más amplio sentido.
Si aquellos derechos continúan siendo objeto de polémica, porque la derecha conservadora española, tan alejada todavía de la tradición democrática europea, sigue defendiendo un modelo social insolidario, el derecho a la libertad de expresión se presenta como un derecho garantizado, cuando no lo es. Y no lo es solo porque el gobierno del partido popular haya inventado la fórmula de las ruedas de prensa sin preguntas, o haya promulgado una ley mordaza, o no preserve la independencia de la radiotelevisión pública, sino también porque el resto de los partidos, y sobre todo el partido socialista, no hayan llevado a cabo una oposición más firme en la defensa de la libertad de expresión por el temor a las grandes corporaciones mediáticas, o hayan rehusado la creación de la autoridad audiovisual nacional, o no hayan apoyado claramente la aprobación del estatuto de la profesión periodística. Cuando de la libertad de expresión se trata, se apela a la democracia formal y se olvidan las carencias que denuncia el IPI. A la postre, la libertad de expresión y de información, son libertades cuya ausencia es a veces difícilmente demostrable en un mundo interconectado, en el que la apariencia sustituye a la realidad. En el que la comunicación se confunde con la información, y la facilidad de acceso con el aprovechamiento informativo y cultural.
Un repaso a la historia reciente de nuestro país nos muestra un cambio profundo en su estructura mediática y una democracia que se construía sobre un pluralismo político e informativo creciente. Tras un periodo de oligopolio mediático que limitó ese pluralismo, y que condicionó la acción política durante la primera década del siglo XXI, se aprecia en la actualidad el resurgir de numerosas iniciativas periodísticas, en papel y en digital, que tratan de recuperar el espacio perdido y que contribuyen a crear un sustrato informativo plural y de calidad, que puede repercutir positivamente sobre nuestra democracia si paralelamente se adoptan las medidas políticas necesarias para revertir el panorama negativo que muestra el informe del IPI. La formación de la ciudadanía, a través de la educación y de la alfabetización mediática, es un factor añadido que debe ser tenido en cuenta en cualquier política de comunicación. En este contexto, corresponde actuar a nuestros políticos para situar a España entre los países desarrollados que mejor garanticen la libertad de expresión. En estos días postelectorales de posibles pactos para la formación de gobierno, tras unas elecciones que han evidenciado el declive del bipartidismo, la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en el caso que nos ocupa de los que se refieren a la libertad de expresión, de información, o de conciencia, deben formar parte inexcusable, junto al resto de los derechos básicos, del programa político del futuro gobierno.
*Juan Antonio García Galindo es catedrático de Periodismo de la UMA
