Empieza a resultarme peligrosa la brecha entre lo justo y lo legal. Tenemos en el ámbito nacional ejemplos como la cuestionable ley transgénero, el laxo tratamiento de la ‘okupación’, el despropósito de la educación, etc…, en que los ciudadanos cumplidores de la ley se ven menoscabados por la falta de sentido común de sus textos, cuando atenerse a las normas converge en injusticias notorias. Tampoco ayudan las interpretaciones sesgadas, otras encorsetadas derivadas de tales normas, que los atascados juzgados realizan. Se hace política con leyes, pero las leyes no deben responder al interés de los políticos. ‘El legislador que correctamente legislare renombrado será, si no, para que respondiere de su potestad, judicializado resultará’. Legislan y reforman gastando miles de euros en equipos redactores que introducen ocurrencias de políticos que juegan al Monopoly a otra escala y nosotros somos la banca.

En el ámbito municipal tenemos un elenco de injusticias derivadas de una legalidad pseudocorrecta. El Ayuntamiento está para servir a los ciudadanos y su ciudad, ambos al mismo nivel. Pero ahora, impedir el ruido que padecen los vecinos es opuesto a los intereses de la ciudad; pedir un bosque urbano es tan opuesto que el asunto se ha judicializado; las licencias de obra atascadas en el centro por el PGOU desfilan al juzgado, se atisban pleitos contra la torre del puerto… Nosotros lo pagaremos en todos los sentidos, pero nos empujan a constatar que cumplimos con normas aderezadas de impunidad e injusticia que ya cuestionamos transigir… En breve decidiremos hacer como muchos que no cumplen las normas y no les pasa nada. Sabemos la fórmula, pero nuestra educación, dignidad, responsabilidad… nos frena. Estamos a un par de injusticias para perder la vergüenza, como algunos políticos: La era de la inseguridad se acerca… ‘Mad Max´s comming’.