Los magistrados Llarena y Marchena hicieron, cada uno en lo suyo, un trabajo de gigantes en el desmontaje y represión de la intentona separatista del otoño de 2017. Por eso tiene tanta importancia el Auto del Tribunal Supremo que al ajustar las penas a los nuevos tipos delictivos identifica el vacio legal que dejan, dando a entender que hoy, en un caso semejante, las conductas más graves podrían ser atípicas, no susceptibles por tanto de persecución penal. Esa es la creíble verdad de Marchena. La verdad de Sánchez sería que la ruptura del soberanismo, fruto en parte de su política combinada de indulto y despenalización, ha dejado en mínimos las condiciones de posibilidad de una nueva intentona, mientras que una línea solo represiva alimentaría el agravio y la haría inevitable. Querría pensar que tanto Marchena como Sánchez comprenden la verdad del otro con sus respectivos riesgos.
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