Procesan a 5 acusados de blanquear dinero de la mafia rusa, entre ellos un "lobista" del PP de Altea

La magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha procesado a cinco acusados de blanquear dinero del crimen organizado exsoviético en la provincia de Alicante, Ibiza y Formentera. Entre los procesados por blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal figura el abogado ruso Alexey S., afincado en la Costa Blanca y a quien la jueza califica de ser un "lobista" del PP en Altea que creó una red de contactos con cargos públicos de la provincia de Alicante y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para beneficiar a sus clientes.

Esta macrocausa contra el presunto blanqueo de dinero de la mafia rusa se abrió inicialmente con 40 personas investigadas, entre ellas concejales o exediles populares de Benidorm y Altea. Sin embargo, aunque para algunos implicados se decretó el archivo de las actuaciones al considerar que no había pruebas contra ellos, la jueza tuvo que acordar el sobreseimiento para 18 implicados tras anular la Audiencia la citación de los investigados para declarar al estar fuera del plazo de instrucción, que no se prorrogó por un error judicial.

El auto de incoación de procedimiento abreviado por el juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, que va a ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Alicante, recoge que la investigación se inició tras detectar el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Alicante unas transferencias sospechosas de dinero de Rusia a España mediante empresas pantalla o a través de operaciones de "hawala".

Los fondos se invirtieron en el sector inmobiliario y del ocio de la Costa Blanca y Baleares y procedían "de empresarios rusos vinculados con el crimen organizado exsoviético", indica la jueza, que reitera que la trama llegó "a infiltrarse en las instituciones tejiendo relaciones de amistad con miembros de la vida política y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para, a cambio de regalos o contraprestaciones económicas, obtener ventajas para sus clientes, a quienes les cobraron una comisión".

Entre los procesados figura el abogado ruso afincado en Altea Hills Alexey S., a quien el juzgado acusa de blanquear dinero propio y de sus clientes. La magistrada señala que Alexey asesoró a sus clientes para realizar operaciones bancarias dificultando el control del dinero y su procedencia, para realizar "operaciones de compraventa sin que apareciera el nombre del cliente" o para justificar ingresos de origen criminal procedentes de Rusia mediante la realización de operaciones de compraventa a cambio de una comisión.

Red de contactos

Para cumplir sus objetivos, Alexey, junto al resto de investigados, creó un red de contactos con cargos públicos de la provincia de Alicante así como con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "quienes a cambio de percibir regalos, o prestaciones económicas, aceleraron trámites de extranjería para la obtención de permiso de residencia de sus clientes, o acelerar los trámites de habilitación de viviendas en beneficio de sus clientes". La magistrada señala que también medió en la retirada de multas o labores de "identificación de vehículos sospechosos que resultaban de interés para sus negocios o el de sus clientes".

La jueza señala en el auto que este abogado ruso realizó transferencias bancarias tratando de burlar las medidas contra el blanqueo de capitales en la compraventa de una nave y de un restaurante en Ibiza por parte de empresarios rusos vinculados al crimen organizado.

En el auto se recoge que figura como autorizado en cuentas bancarias de empresarios rusos sospechosos de blanquear dinero del crimen organizado y entre los favores obtenidos gracias a sus contactos se incluye la aceleración de los trámites para la renovación del DNI del candidato a la Alcaldía de Altea Jesús Ballester o la instalación de unos badenes en la urbanización de un cliente a través del jefe de la Policía Local de Altea.

Asimismo, el auto añade que "se introdujo en la vida política como lobista del Partido Popular de Altea para beneficiarse en sus negocios y

también en la realización de gestiones de extranjería para acelerar los trámites para obtener la residencia de clientes rusos". Para ello, afirma la jueza que entregaba a un inspector de la Policía Nacional "sobres con documentación y dinero a cambio de acelerar y conceder la residencia en España". Este mando policial llegó a estar investigado en una pieza separa de la trama rusa de blanqueo pero también se acordó el archivo del caso.

Por otro lado, la magistrada explica que otra de las vías de blanqueo usadas por el crimen organizado fueron las criptomonedas y aquí aparece el experto programador informático Denis K., otro de los investigados en esta causa que fue detenido con anterioridad en una operación por el robo de más de 10.000 millones de dólares en cajeros de todo el mundo. La jueza indica que el investigado Maxim K. recibió asesoramiento de Denis K., que disponía de un monedero de 5.000 bitcoins, el equivalente a unos 55 millones de euros.

El juzgado, además de referirse a entregas de dinero en efectivo o transferencias, pone bajo sospecha operaciones de compraventa de inmuebles, terrenos, locales para construir o restaurantes en Baleares y en la provincia de Alicante. Una de ellas es la compra de una casa en Altea Hills por un empresario ruso "vinculado con autoridades criminales rusas". El importe fue de 600.000 euros y en la operación actuó como intérprete el abogado ruso investigado. La compra fue realizada por una sociedad del empresario ruso representado en España por otro de los investigados y esta misma empresa, con la incorporación de otro socio, aparece luego como promotora de un residencial de lujo en Altea y el auto indica que la mercantil recibió más de diez millones de euros de Chipre, Letonia y Rusia para financiar la promoción inmobiliaria.

Compra de 70 millones

Por otro lado, la jueza acusa a los investigados Nikolay M. y Maxim K. de usar fondos ilícitos de un empresario ruso en la compraventa de un restaurante en Ibiza y en la compra del 50% de la sociedad Ushuaia Entertaiment en Ibiza por 70 millones de euros. No obstante, fuentes cercanas al caso niegan que esta última operación se llevara a cabo.

La magistrada también incluye en el auto de procesamiento la compra de una vivienda en La Nucía con un préstamo hipotecario de 484.000 euros que dejó de pagar otro empresario ruso que no fue apresado en la operación policial y la adquisición de dos parcelas en Formentera por 725.000 euros financiados con sendos préstamos hipotecarios. Finalmente, se recoge la introducción de 440.000 euros desde Rusia y Suiza para comprar unos terrenos en Altea con la finalidad de construir un camping.