La jueza encargada del caso ya ha advertido que Negreira, como los expresidentes Rosell, Bartomeu y dos exdirectivos del club tendrán que declarar como investigados, pero no será de forma inmediata. Antes, la magistrada ha ordenado a la Guardia Civil que investigue el patrimonio de Negreira y su entorno más próximo para esclarecer el paradero de los más de dos millones de euros que el Barcelona pagó a dos de sus sociedades entre los años 2011 y 2014, periodo en el que Sandro Rosell presidía el club. La jueza reclama un informe policial que quedó pendiente sobre estos cuatro años, aunque también aclara que cuenta con la información general aportada por las investigaciones de Fiscalía y Agencia Tributaria donde se señala que el Barcelona pagó a Negreira más de siete millones de euros durante 2001 y 2018, a cambio de realizar actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club y así en los resultados de las competiciones. Los investigados se enfrentan a los delitos continuados de administración desleal, corrupción entre particulares y falsedad en documento mercantil.