Sequía

Los agricultores de la Axarquía aplauden la nueva desaladora y exigen celeridad en su tramitación

La Subdelegación del Gobierno en Málaga recuerda que es la Junta de Andalucía, como administración competente, la que debe proponer la ubicación y cesión de los terrenos para una infraestructura que requerirá de una inversión de 100 millones por parte del Gobierno central

Colectivos ecologistas y agrupaciones agrarias se han concentrado estos últimos meses en una presa de La Viñuela que está considerada como «embalse muerto».

Colectivos ecologistas y agrupaciones agrarias se han concentrado estos últimos meses en una presa de La Viñuela que está considerada como «embalse muerto». / Jon Nazca (Reuters)

Fran Extremera

Fran Extremera

Colectivos agrarios como Asaja o COAG, a través de sus portavoces locales en la comarca de la Axarquía, así como organizaciones ecologistas provinciales han mostrado su satisfacción, después de meses de exigir medidas contra la sequía, al conocer la inversión de 100 millones de euros que ha anunciado el Gobierno central para construir una nueva desalinizadora en el litoral malagueño más oriental.

En la actual coyuntura política, con las elecciones municipales ya en plena campaña, la principal duda que plantean, y es una respuesta unánime, es la de que proyectos de este calado no terminen por prolongarse en el tiempo casi tanto como en su día la última de las depuradoras que restaban por construir en la Costa del Sol, la de Nerja.

Solicitan así celeridad en su tramitación. Y en este sentido reconocen que les preocupa el anuncio «con matices» que ha formado el Ejecutivo central. A través de las redes sociales, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, expresaba: «El Gobierno de Pedro Sánchez cumple con Málaga y construirá una desaladora con una inversión de 100 millones de euros por la inacción de la Junta de Juanma Moreno Bonilla. Exigimos que la Junta de Andalucía determine la ubicación y ponga a disposición los terrenos para su construcción».

Estas palabras fueron también analizadas por los propios representantes del Ejecutivo autonómico en la provincia. Fuentes del Gobierno andaluz en Málaga, «es Pedro Sánchez el que durante los dos últimos años ha mirado hacia otro lado, con la Junta de Andalucía inmersa en un esfuerzo económico sin precedentes para completar las canalizaciones entre La Concepción y el sistema de La Viñuela, lo que ha garantizado el suministro en pleno periodo de sequía y con La Axarquía bajo mínimos».

Pero la Subdelegación del Gobierno en Málaga apeló a otras nuevas acciones que se acaban de plantear dentro del paquete de medidas que incluye la nueva desalinizadora para la provincia. Así, los agricultores andaluces se ahorrarán en su conjunto unos 40 millones de euros «gracias a las exenciones y bonificaciones fiscales que aprobó este jueves el Gobierno».

Alrededores del pantano de La Viñuela, en Málaga, afectado por la sequía.

Alrededores del pantano de La Viñuela, en Málaga, afectado por la sequía. / EFE / Jorge Zapata

Actuaciones a corto plazo

También habrá actuaciones hídricas inmediatas por importe de 15,4 millones y la reducción de las peonadas a diez para acceder al subsidio agrario. En cuanto a los plazos para la desalinizadora en la comarca de la Axarquía, con la participación del Ejecutivo autonómico en cuanto a cesión del suelo y emplazamiento, el Gobierno central propone el horizonte de 2026 para este proyecto.

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, alegaba este viernes que las medidas contenidas en el decreto ley para hacer frente a la sequía aprobado en Consejo de Ministros extraordinario «responden a las exigencias de una realidad que afecta con fuerza al sector primario de todo el país, pero de forma muy directa a Andalucía».

Entre las medidas aprobadas se encuentran las carácter fiscal, como la exención de las tasas y canon por el uso del agua, para los agricultores que hayan tenido una reducción superior al 40 %, «que en el caso de Andalucía supondrá un ahorro de 40 millones de euros para nuestros agricultores», según amplió el delegado del Gobierno.

A esta batería ha sumado otras de apoyo al sector primario, que suman 784 millones de euros, de las que 636,7 millones del total serán ayudas directas para agricultores y ganaderos y en Andalucía alcanzarán a más de 265.000 agricultores, ganaderos y apicultores, según Pedro Fernández.

Con el objetivo de «impactar sobre la comunidad andaluza», el Gobierno destina el 72,7% de la inversión contemplada en el real decreto ley a infraestructuras en demarcaciones hidrográficas de las que Andalucía forma parte, Guadalquivir, Guadiana y Cuencas Mediterráneas.

Respecto a las desalinizadoras, el delegado avanza que se van a declarar de Interés General del Estado los proyectos en La Axarquía y Almería, «pero tendrá que ser la Junta de Andalucía la que decida la ubicación», manifestó.

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