Municipal

Casi un centenar de presos redime penas con trabajos para el Ayuntamiento

Un convenio ha permitido que en los tres últimos años 90 reclusos cumplieran sus condenas con trabajos comunitarios

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Reclusos haciendo deporte en las instalaciones de la prisión de Alhaurín de la Torre .
Reclusos haciendo deporte en las instalaciones de la prisión de Alhaurín de la Torre .  G. Torres

JAVIER GARCÍA RECIO Casi cien reclusos han cumplido en el Ayuntamiento de Málaga parte de sus penas con la realización de trabajos en beneficios de la comunidad en los tres últimos año, periodo en el que el Consistorio se adhirió al convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La adhesión fue en noviembre de 2008, entrando en vigor en febrero de 2009, contando el primer año con 16 penados que cumplieron sus penas con trabajos previstos por el Ayuntamiento.

En 2010 cumplieron su pena 27 reclusos y el pasado año fueron 47. En lo que va de 2012, hasta finales de marzo han cumplido su medida 6 penados, y hay otros 52 que están en curso de ser llamados a lo largo del año, según explicó el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, cuyo departamento es el responsable de cumplimentar este convenio, por lo que son 96 los reclusos que han realizado trabajos comunitarios.

Los trabajos que realizan estos presos consisten principalmente en tareas de apoyo en servicios de limpieza y mantenimiento. De momento, son seis áreas o servicios municipales los que acaparan la presencia de estos reclusos. Son las de Playas, Servicios Operativos, la Sociedad Municipal de Aparcamientos y (Smassa) o la junta de distrito de La Palmilla, entre otras.

Requisitos. Pomares explicó que entre las competencias que la Ley de Bases del Régimen Local atribuye a los municipios, se encuentra la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. «En este caso se trata de personas que o bien han cometido un hecho delictivo de escasa gravedad o bien no cuentan con medios económicos suficientes para hacer frente a la multa impuesta en sentencia, y que muestran un especial interés en redimir su condena con la realización de trabajos con una finalidad social, evitando, claro está, su regreso a prisión».

En el acuerdo entre los ayuntamientos y el Gobierno se establece que el trabajo que realice el penado no será retribuido; cada jornada de trabajo tendrá una duración máxima de 8 horas diarias y mínima de cuatro; no se derivarán gastos de transporte ni manutención alguno; durante el cumplimiento de la medida, el penado debe seguir las instrucciones del Ayuntamiento, en cuanto a la realización de tareas; además no supone ningún gasto de Seguridad Social para el Consistorio, ya que estos no tienen que gestionar el alta y la baja de las personas que estén realizando trabajos, gracias a un acuerdo con los ministerios de Trabajo e Interior.

No todos los reclusos pueden acogerse a este convenio. Pueden hacerlo los que estén ya en tercer grado, que son aquellos que tienen la mitad de la condena cumplida y reúnen una serie de circunstancias benefactoras.

En general pueden acogerse a estos trabajos comunitarios de los ayuntamientos los presos por delitos de amenazas o coacciones; los condenados por exceso de velocidad o por conducir sin permiso; por incumplir las obligaciones familiares, o por maltrato sin lesiones, entre otros.

Bajo control municipal y del juez de vigilancia. Según lo contemplado en el convenio de colaboración entre el Gobierno y la FEMP, en todos los casos las personas penadas cumplirán jornadas de ocho horas diarias, de trabajo no retribuido y para el que sólo se admitirán a los reclusos residentes en término municipal de Málaga.

El cumplimiento de la pena se desarrollará bajo el control del juez de vigilancia penitenciaria. La administración penitenciaria asume el seguimiento y sometimiento de la persona a la pena, así como del cumplimiento efectivo del trabajo impuesto.

En el Ayuntamiento es el área de Derechos Sociales el responsable del seguimiento de este convenio y en concreto el departamento de Prevención Comunitaria.

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