Los universitarios andaluces pueden respirar tranquilos. Al menos de momento. Los precios públicos de las matrículas en las universidades públicas andaluzas subirán el IPC como máximo, según anunció ayer el secretario de Universidades de la Junta, Francisco Triguero, que acudió a la Conferencia General de Política Universitaria, presidida por el ministro Wert en Madrid, en lugar del consejero de Innovación, Antonio Ávila.

No tendrán tanta suerte los estudiantes de otras regiones, ya que ni siquiera saben todavía cuánto les costará sus carreras. Y es posible que empiecen a matricularse sin saberlo. La reunión de ayer tampoco sirvió para definir qué van a hacer las comunidades autónomas ni cuánto van a aumentar el precio de las tasas públicas. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, recordó que son los gobiernos autonómicos los que deben fijar el coste de los créditos entre la horquilla establecida del 15% al 25% más, para poder cumplir con los criterios de déficil. Y puso como plazo máximo el próximo mes de julio.

Lo que ocurre es que puede ser tarde. En la Universidad de Málaga, el plazo para formalizar la primera preinscripción comienza el 28 de junio y finaliza el 5 de julio. Andalucía, no obstante, se compromete a tomar una decisión en un plazo máximo de 72 horas, según anunció ayer Triguero, aunque avanzó que la Junta va a cumplir con el compromiso de que las familias no tengan que realizar un esfuerzo aún mayor para pagar los precios públicos de las matrículas.

El responsable andaluz valoró la postura «más flexible» que mantuvo ayer el ministro, al haber abierto la posibilidad de que cada comunidad autónoma, de acuerdo a sus especificidades, pueda interpretar lo referente a los precios públicos contenidos en el Real Decreto.

La Junta siempre ha reclamado que se tenga en cuenta la «la especificidad, la implantación de estudios universitarios y la riqueza de cada comunidad autónoma» para fijar las tasas universitarias.

A partir de ahora, cada comunidad estimará cuál es el coste de la prestación de sus servicios universitarios e insistió en que en la Junta podrá concretar en 72 horas el precio de las matrículas. En todo caso, si se hubiera aplicado de forma rígida este decreto, Andalucía no podría limitarse al IPC. La mayoría de los consejeros que acudieron ayer a la reunión salieron de ella sin especificar el aumento exacto del coste de las carreras para el curso 2012/13.

El ministro José Ignacio Wert, por su parte, reconoció que existe un «amplio margen» de autonomía de las universidades que puede generar diferencia de costes «significativas» entre unas autonomías y otras, así como entre las universidades. Asimismo, señaló que la «segunda fuente de diferenciación» va a ser el lugar de la horquilla en que las comunidades se sitúen.

Cataluña, por ejemplo, anunció que aplicará un sistema de tasas en función de la renta de las familias. Según Wert, pese a desconocer los detalles de esa iniciativa, es algo «plenamente conforme con los límites que establece el decreto».

País Vasco y Aragón tampoco tienen intención de aumentar las tasas por encima del IPC. Castilla y León propone una subida de entre 200 y 400 euros, lo que se traduciría en una recaudación de entre doce y trece millones de euros. Los responsables de universidades de Galicia, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha y Asturias han garantizado que el nuevo sistema de tasas no va a suponer un aumento significativo de los precios, sin concretar porcentajes.