­Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, PSOE e IU, han exigido de nuevo la retirada de la tasa de la Policía Local por realizar los atestados de los accidentes de tráfico debido a «su afán recaudatorio». También rechazan el sistema para valorar el rendimiento de los agentes, ya que «grava servicios» y «busca hacer caja a costa de los ciudadanos». Por ello, presentarán iniciativas en este sentido en la Comisión de Pleno de Seguridad de hoy. Así lo expresó ayer en rueda de prensa el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, quien comparó al alcalde, Francisco de la Torre, con un personaje de la leyenda de Robin Hood, al afirmar que el regidor «actúa como el sheriff de Nottingham, recaudando a la mayoría de la gente, a los más desfavorecidos y no a los más poderosos». «Esta tasa tiene un claro afán recaudatorio en un contexto social como el que se está viviendo en Málaga con un aumento del paro, de la pobreza, con un incremento enorme de la desigualdad, con la disminución del salario, de la capacidad adquisitiva de las pensiones, en definitiva, con la disminución del nivel de vida de la mayoría de la población», señaló.

El portavoz de la coalición de izquierdas en el Consistorio malagueño comparó la actitud de De la Torre con la de los ministros del Gobierno central: «Al igual que el Ejecutivo ha aprobado el IVA o permite la subida de la tarifa eléctrica a las grandes compañías, De la Torre nos aumenta el IBI, nos incrementa las tasas municipales, la tarifa del agua para la mayoría de los hogares y ahora pretende cobrar la tasa sobre los eventos y celebraciones que se hagan en la calle y otra por el acceso a los atestados policiales».

Por todo ello, IU pidió la retirada de la tasa por la prestación de servicios de la Policía Local, por considerar que «restringe derechos fundamentales acabando con su gratuidad». «Ésta es su finalidad y grava servicios especiales en fiestas o celebraciones», apostilló.

Por su parte, la concejala de IU Ana García Sempere acusó al alcalde de usar a la Policía Local «para obtener la rentabilidad económica, aprobando una ordenanza que establece el sistema de incentivos en la valoración del rendimiento de los agentes».