La investigación de la Guardia Civil sobre la llamada Operación Yedra apunta a antiguos directivos de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en relación a un convenio para reclasificar una parte de la Sierra de Churriana y sobre los que duda de su legalidad, como adelantó La Opinión de Málaga. Una investigación que el Ayuntamiento rechaza de plano. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insistió ayer en la «actuación impecable» de los técnicos de Urbanismo y considera que la aparición de este convenio en la Operación Yedra es tangencial, fruto de la investigación de los negocios del acusado L. A. F. B., implicado en tráfico y tenencia ilegal de armas y actuaciones urbanísticas irregulares.

Sin embargo, la Guardia Civil mantiene sus dudas sobre la operación urbanística. Los datos aportados ayer por Sur vienen a corroborar las sospechas del Seprona sobre una gestión extraña del convenio. La presencia de un sobrino del alcalde, Daniel Portero; de un antiguo gerente de Urbanismo, Andrés Gutiérrez Istria; y del antiguo concejal de Churriana José Hazañas; ponen sobre la mesa el origen de este convenio.

De la Torre no quiso ayer evadir las preguntas sobre este aspecto, después de participar en la iniciativa Gazpacho Day en el Mercado de Atarazanas, a donde por cierto acudió acompañado de Hazañas, actual asesor de Alcaldía y que no se suele prodigar en apariciones públicas en los últimos años.

Beneficio para la ciudad El regidor insistió en la legalidad del convenio urbanístico, del que recalcó que supuso un enorme beneficio para la ciudad. Argumenta que el propietario, L. A. F. B., pedía urbanizar los 367.890 metros cuadrados de El Albaricocal, que ya estaba calificado como no urbanizable en el PGOU. «Es el Ayuntamiento quien le dice ´No´ y negociamos que sólo ocupe el 5% del terreno con uso hotelero y ceda al Ayuntamiento el resto como libre, zona verde o no urbanizable», relata De la Torre.

El alcalde justifica este cambio de calificación, de un terreno que inicialmente estaba ya protegido en su totalidad en el PGOU, en que la Junta lo había desprotegido en la redacción del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) y en la necesidad de recibir la propiedad de estos suelos, con idea de mejorar el control que evite posibles edificaciones ilegales.

«Es difícil encontrar un sector en el PGOU con un balance tan beneficioso para la ciudad como éste», insistió De la Torre, quien recalcó que toda la documentación «está a disposición de quien quiera consultarla».

Relaciones e investigación La aparición de la existencia de relaciones entre familiares del alcalde y de antiguos directivos de Urbanismo con L. A. F. B. también fue abordada por el regidor, quien criticó que hay que ser «selectivo a la hora de aceptar a una persona que te pida un servicio profesional». «Si puedes enterarte, claro, porque uno no sabe toda la vida privada de los demás», recalcó De la Torre sobre las presuntas relaciones delictivas del principal acusado de la Operación Yedra.

La siguiente pregunta era obvia. Si todo es impecable, ¿por qué investiga la Guardia Civil este convenio? «No lo sé. No conozco la investigación». Sin embargo, considera que es sólo un interés tangencial el que mueve a los agentes de la Guardia Civil, fruto de la investigación sobre todos los negocios relacionados con L. A. F. B.: «Será por hechos paralelos y diferentes al propio convenio», afirma Francisco de la Torre. «Se habla de otras actividades económicas ilícitas y puede que por los antecedentes que tiene se investigue el convenio», explicó el alcalde.

Mientras, la Guardia Civil ya ha detenido a ocho personas relaciones con L. A. F. B. y encontrado el mayor depósito ilegal de armas localizado en España. Pero todo comenzó con una investigación de oficio de la Fiscalía de Málaga por delitos urbanísticos en la sierra de Churriana a instancias vecinales. Vuelta a El Albaricocal.