Hacienda ya estudia las propuestas sobre fiscalidad municipal elevadas en una ponencia por un comité de expertos, reunidos por el Ayuntamiento de Málaga, entre las que plantean que el Estado compense las exenciones del IBI de la Iglesia católica, de los inmuebles de otras confesiones religiosas y de otros muchos colectivos que disfrutan de este privilegio y que merma los ingresos de los municipios. El Consistorio ha hecho llegar este informe al secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, como a los presidentes de la FEMP, Íñigo de la Serna, y de la FAMP, Ángeles Muñoz.

Según explicó la concejala de Economía del Consistorio malagueño, María del Mar Martín Rojo, el informe es completamente independiente y los expertos que han intervenido en su redacción han gozado de absoluta libertad. En él han abordado el valor catastral y su incidencia sobre los tributos locales, además de los problemas que plantean a las arcas municipales la exención del IBI, tributo que en la actualidad supone una quinta parte de los ingresos en las tesorerías de los ayuntamientos.

Estos expertos sostienen que Hacienda debería compensar económicamente a los municipios por el dinero que dejan de percibir por estos privilegios fiscales. «Creemos en el consenso y en lo que piensa la mayoría», dijo Ruiz Rojo. Por este motivo, el Ayuntamiento ha dado traslado de este informe a Hacienda, que es la que tiene competencias en materia fiscal, para que lo tenga en cuenta a la hora de acometer posibles reformas.

De alguna manera, el Ayuntamiento asume el contenido de esta ponencia, que ha estado presidida por el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Martín, y compuesta por profesores universitarios y representantes de distintos colegios profesionales, y que viene a recordar lo que se establece en la Ley de Haciendas Locales, y que ya habla de estas compensaciones, ya sea el Estado o las comunidades autónomas, que tendrán que asumir las condonaciones de manera favorable a los municipios. También, que las normas que se redacten no perjudiquen estos ingresos.

El gerente de Gestrisam, Juan Manuel Ruiz Galdón, reconoce que el estudio del comité de expertos es muy técnico y cuenta con escaso margen político. Destaca cómo los ayuntamientos tienen que mantener tributos propios, lo más directos posible «para evitar complejidad en los ciudadanos», para mantener sus servicios, sin embargo, las competencias municipales a la hora, por ejemplo, de fijar los valores catastrales de las viviendas, no existen.

Según datos de 2011, la capital tiene 391 inmuebles propiedad de la Iglesia católica y de otras confesiones que no pagan un euro. Tampoco lo hace la Universidad, desde 2013, como establece la LOU. Ruiz Galdón señala que a pesar de este número, la exención de los edificios religiosos «es lo de menos». «La Catedral tampoco pagaría por ser un monumento histórico y artístico», señala.

También están exentos de pagar IBI las carreteras, las estaciones de ferrocarriles, los edificios del Gobierno o de la Junta de Andalucía, aquellos que alojan servicios municipales, los edificios de titularidad pública vinculados a la defensa nacional, las bibliotecas, las organizaciones sin ánimo de lucro y los colegios concertados.