El Tribunal del Jurado ha condenado a cuatro meses de prisión, a una multa de 720 euros y a una suspensión de empleo o cargo público durante seis meses a un agente de la Guardia Civil al que la Fiscalía Provincial de Málaga acusó de quedarse con el dinero de las multas de tráfico que él mismo ponía. La Sala le concede al encausado las circunstancias atenuantes de reparación del daño causado y confesión.

El 18 de septiembre de 2014 se celebró el juicio oral en el tribunal, y la letrada defensora y el fiscal explicaron a su inicio que habían alcanzado un acuerdo, fechado el 24 de abril de 2014, un pacto con el que el acusado mostró su conformidad, por lo que en la vista oral aceptó los cargos.

Así, el acusado, «en el ejercicio de su empleo y con ánimo de lucro, tramitó y cobró ocho denuncias de tráfico sin diligenciar los oportunos expedientes», consta en la sentencia del Tribunal del Jurado de Málaga. En concreto, llevó a cabo esta actuación entre el 20 de septiembre de 2010 y el 20 de febrero de 2011.

Indica el tribunal en el apartado de hechos probados que «no entregó ni depositó el dinero entregado a él por los infractores que asciende a un total de 950 euros». Al ser requerido por sus superiores, el acusado entregó todos los expedientes, que conservaba en su taquilla, indica el órgano jurisdiccional. También les dio el dinero intervenido a los infractores.

Según el escrito acusatorio del fiscal, en febrero de 2011, la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga solicitó un escrito de aclaración al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, sobre un expediente de denuncia efectuado el 20 de septiembre de 2010.

El agente ahora condenado denunció al conductor, un ciudadano inglés, «por no utilizar el cinturón de seguridad o sistema de retención homologado, correctamente abrochado» y le impuso una sanción de 200 euros, con un descuento del 50 por ciento por ser extranjero.

Tras las pertinentes investigaciones el ministerio público acusó al procesado de quedarse el importe «como había hecho en otras ocasiones». La Oficina de Gestión Económica del referido subsector, que se encarga del tratamiento contable de las denuncias de cobros y depósitos realizados por los agentes para su tramitación e ingreso en cuenta en la Jefatura de Tráfico, comprobó que no existía anotación alguna de la entrega de los cien euros.