­El Colegio de Abogados de Málaga ha logrado ganar el pulso que mantiene desde hace un año y nueve meses con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) por la inspección indiscriminada de datos fiscales de abogados, una oleada que se saldó también con visitas sorpresa a los despachos profesionales. El Tribunal Económico Administrativo ha dado la razón a la institución que dirige Francisco Javier Lara y declara no ajustado a derecho el requerimiento del Fisco por lo que decide anularlo.

La Opinión de Málaga informó en exclusiva, en mayo de 2013, de la petición indiscriminada de datos fiscales de los abogados malagueños y de la posterior oleada de visitas a los despachos, en las que los inspectores llegaron a copiar incluso discos duros de los ordenadores en su búsqueda de una bolsa de fraude entre los togados. Algunos de los juristas pusieron el grito en el cielo y un prestigioso letrado marbellí hizo circular una carta a sus colegas en la que prohibía que se entregaran sus datos y hablaba de persecución y de causa general.

Así, el Colegio recordó ayer que en mayo de 2013 el Fisco pidió la aportación de los informes sobre dictámenes emitidos entre 2009 y 2012 referentes a minutas de sus colegiados «que fueran consecuencia de procedimientos de jura de cuentas, reclamaciones judiciales o extrajudiciales o referentes a determinación de las costas procesales».

Así, el decano consultó después a la Agencia Española de Protección de Datos sobre la legalidad de ceder la información solicitada, de tal forma que Hacienda entendió que ese proceder supondría «una cesión ilegítima de información protegida al carecer esta de trascendencia tributaria».

Paralelamente a esa consulta, el Colegio de Abogados de Málaga recurrió la resolución de Hacienda ante el Tribunal Económico Administrativo, ya que la Junta de Gobierno entendió que la información requerida por el Fisco carecía de trascendencia tributaria, «por cuanto se trataba de información protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos», y su cesión a terceros, incluida Hacienda, «requiere el consentimiento inequívoco de los afectados».

Los perjudicados por esa petición masiva de información fiscal no eran únicamente los juristas malagueños, sino que ello también podía afectar a «todos los justiciables». Por este medio, el Fisco podría llegar a conocer datos «estrictamente privados» de forma «ilegítima», dice el Colegio de Abogados, «siendo ésta la única finalidad perseguida» por la institución letrada.

Es más, fuentes del Colegio de Abogados insistieron en que nunca se trató «de entorpecer la función de Hacienda, en la que la institución tiene el mayor interés, pero sí de que las actuaciones del Fisco se realicen con todo el rigor impuesto por la legislación española».

«Igualmente, se argumentaba el recurso que se trataba de un requerimiento global e indiscriminado, sin que se haya requerido con anterioridad a los distintos sujetos la información solicitada, la cual está además en poder de la Administración de Justicia», precisó ayer el colegio en una nota de prensa.

El Colegio de Abogados insistió ayer en que, tras dos años de lucha tanto por la vía administrativa como por la jurisdiccional, es una buena noticia que el Tribunal Económico Administrativo haya anulado, al considerarlo no ajustada a derecho, el requerimiento de la Agencia Tributaria.

Así, la institución jurídica que dirige Francisco Javier Lara quiso expresar ayer su satisfacción al conocer «el acierto de su pretensión de no facilitar este tipo de información legalmente protegida».