Prosigue la literatura de los brotes verdes. Ahora, y tras la más que presumible tregua entre campaña y campaña, en un tono forzosamente más relajado, aunque sin olvidar el optimismo para justificar la gestión ni dejar de echar mano de los tics y el amaneramiento de las cifras macroeconómicas. Después de tanto baile de números, de discursos encontrados, España continúa con la necesidad de sentarse en el diván para saber si ha salido de la crisis. Y más en Andalucía, donde los tímidos avances conviven con una realidad espesa y despiadadamente enmarañada. Sobre todo, para los jóvenes, que aún están lejos de poder tomar las riendas de su vida y, muy especialmente, de su casa.

Según el Observatorio de la Emancipación, elaborado por el Consejo de la Juventud Española, la autonomía personal se vende en la región bastante cara. El último recuento disponible -correspondiente al primer trimestre de 2015- aporta, en este sentido, datos demoledores. Tanto en la comunidad como en la provincia, únicamente uno de cada cinco menores de 30 años (el 19,6 por ciento) consigue vivir en una casa alternativa a la de los padres. Se trata de una tasa que, en lugar de reducirse, va en aumento, agravándose en 3,58 puntos respecto al año precedente y situándose un 2 por ciento por debajo de la media española.

La radiografía que se desprende del estudio refleja, en su anverso, que lo normal entre los andaluces de entre 24 y 29 años es permanecer en el hogar de la familia. El 80,4 por ciento sigue esa pauta, en muchos casos por la continuidad de los estudios, pero, mayoritariamente, por la crudeza del mercado de trabajo, que escupe a miles de jóvenes, ya sea por falta de vacantes o por la precariedad del empleo, que apenas da para facilitar una vida independiente.

Los cálculos, en general, no salen. Y más si lo que se pretende es conquistar un espacio propio-sea de renta o de adquisición-antes de los 35. La tasa de paro juvenil está ya en el 45,9 por ciento, con una incidencia de 33 puntos en la primera franja adulta, reconocida en el informe entre los 30 y los 34. A esta alarmante falta de actividad se suma la precariedad y la rigidez del panorama laboral, que no acaba de buscar acomodo a los que más lo necesitan -el 52,7 de los desempleados son de larga duración y el 49 por ciento de los trabajadores lleva menos de un año en la empresa, lo que deja entrever el grado de inestabilidad que soporta la economía andaluza-

La huella del desempleo, íntimamente relacionada con la permanencia en los hogares, se ceba especialmente con los jóvenes con menos formación, las mujeres y la población con edad comprendida entre los 16 y los 24 años. En la provincia se cumple la premisa que vincula los estudios con las expectativas laborales. Eso no quiere decir, no obstante, que el hecho de poseer un grado o un ciclo superior implique prosperidad; el paro entre los titulados es del 35 por ciento -diez puntos más que en el conjunto de España- y sólo el 22,3 de ellos consigue llegar a la treintena en una vivienda diferente a la que los amparó durante la adolescencia y la infancia.

Entre las pocas buenas noticias que deja el informe, figura el saldo positivo en la evolución demográfica. La población entre los menores de 30 se ha elevado en 1,5 personas por cada 1.000 habitantes. Eso sí, para la horquilla comprendida entre los 30 y los 34, el balance sigue siendo negativo, si bien con una pérdida más atemperada. En los doce meses que abarca el estudio la bajada fue de 2,8 personas. Ya hay, al menos en los que no suman 29, una cantidad menor de jóvenes que emigran.

En cuanto al intercambio con otras regiones, el flujo continúa por derroteros desventajosos. En un año, Andalucía no consiguió compensar con ciudadanos de otras regiones el volumen de población joven que se le marchó hacia el norte. De hecho, el saldo es de 4.511 personas.

La fragilidad de la economía local no sólo impide la autosuficiencia, sino que en muchos hogares se ha revelado en una auténtica amenaza. El drama para cientos de estos jóvenes no es sólo la incapacidad de autonomía. De acuerdo con la investigación, el 46,8 por ciento se enfrenta a riesgos como la exclusión y la pobreza.