La junta de gobierno acordó prorrogar ayer el convenio de cooperación con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en materia de ayudas económicas a familias desfavorecidas. Son ayudas temporales, en dinero o en especie, que se conceden a familias para atención a las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello.
La cantidad que fija el convenio es de 650.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento, que gestiona el programa, aporta 120.202 euros y el resto lo sufraga la Junta de Andalucía.
El número de familias atendidas el pasado año fue de 2.215, con un total de 1.428 menores. Las necesidades objeto de estas ayudas son las básicas, entendiendo por éstas la adquisición de alimentos, ropa, calzado, productos de aseo personal e higiene doméstica, provisión de leche de continuidad, así como de medicamentos, que requerirán en todo caso de prescripción médica.
La junta de gobierno local también dio el visto bueno a la concesión de una subvención por importe de 45.000 euros a tres entidades que desarrollan proyectos de atención a personas refugiadas o que piden asilo en nuestra ciudad. Se trata de Cruz Roja Española, Asociación ACCEM y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Proyectos para refugiados
Estas entidades desarrollan determinados proyectos, como el de medidas específicas para el acceso al empleo, con la activación y orientación laboral con personas solicitantes de asilo y/o protección internacional; el de atención a personas refugiadas en la ciudad de Málaga, y el denominado Refugiándote, de sensibilización y educación para el desarrollo.
La ayuda acordada se fundamenta en el III plan de Inmigración y Convivencia, aprobado por el pleno del Ayuntamiento en mayo de 2016, que tiene entre sus objetivos fomentar la integración y la convivencia entre toda la ciudadanía malagueña, incluidas las personas inmigrantes, a través de la participación de agentes sociales.
Asimismo, se persigue la formación en valores de la ciudadanía y del acceso adecuado a los servicios públicos de la población inmigrante, siendo una de las acciones específicas de este plan la coordinación de la ayuda ofrecida a las personas refugiadas por parte de la ciudadanía, empresas u otros agentes sociales.
